Felipe Kemp
La perfección es imposible de alcanzar en cualquier actividad humana. Pero si esto es
cierto, también lo es el hecho de que la búsqueda de la perfección, la cual es inalcanzable,
conduce a la excelencia. Ante los frecuentes escándalos de corrupción que frecuentemente
revela la prensa nacional, uno se pregunta cuál de las instituciones principales de este país
funciona con un máximo de eficiencia. La conclusión es desalentadora: en nuestro país la
mayoría de las instituciones vuela a media máquina.
Para empezar, la infraestructura del sistema educativo adolece de profundas
deficiencias. Todos los años, los canales nacionales de noticias transmiten, al principio de cada
año escolar, reportajes en los que se ve a niños recibiendo docencia en condiciones físicas
inaceptables. Juan Valdez, director del Colectivo Ciudadano por la Calidad de la Educación
afirma que “la realidad que enfrentan las escuelas públicas en el país evidencia una serie de
déficits críticos en infraestructura que incluyen aulas en estado precario, falta de mobiliario
adecuado, insuficiencia de materiales educativos y medios tecnológicos necesarios para una
educación moderna y equitativa”. Más adelante afirma que El Ministerio de Educación ha
manejado un presupuesto astronómico que sobrepasa los 900,000 millones de pesos en los
pasados cuatro años, cifra de la cual no se invirtieron en el sector educativo más de 46, 000
millones de pesos. La pregunta obligada es ¿a dónde fueron a parar esos 46,000 millones?
Recientemente, el director de la Asociación Dominicana de Profesores, (ADP) confirmó el
estado de situación crítica en el que se encuentra el sistema educativo dominicano, al afirmar
en una rueda de prensa que unos 400,000 niños dominicanos no recibirán educación este año
por falta de cupo, ya que no hay suficientes aulas para recibirlos.
Añádase a la falta de una adecuada infraestructura en el sistema de educación
dominicana la deficiente preparación de buena parte de los profesores que imparten docencia
en las escuelas tanto públicas como privadas de nuestro país. En esta tierra de excesiva
permisibilidad en casi todo, a muchos profesores se les permite hacer cosas que en otros países
serían motivo de una cancelación inmediata. He sabido de profesores que pasan todo el
período que debería dedicarse a la instrucción hablando de sus vidas personales, o usando sus
celulares en clase, mientras sus estudiantes pasivamente copian algo de sus libros. Otros ponen
a algún estudiante a copiar algo en la pizarra mientras ellos (los profesores) permanecen
sentados. Hacer que los estudiantes copien de sus libros sin explicar nada, sin estimular a la
discusión o al debate se ha vuelto un hábito en nuestro sistema educacional. Mientras el
sistema anglosajón usado en Estados Unidos y en otros países, exhorta al debate y al
pensamiento crítico, nuestro sistema educacional fomenta la pasividad y a la regurgitación de
conceptos sin someterlos a ningún cuestionamiento. Los estudiantes temen al profesor porque
lo ven como una autoridad que no debe cuestionarse.
El sector eléctrico es otro sector que, en vez de avanzar, ha involucionado, como lo
demuestran los odiosos apagones que como una plaga están azotando a los más desposeídos.
La paciencia de la gente ha alcanzado ya un límite y, ante la falta de solución inmediata, ante
los constantes y prolongados apagones que, para colmo de males, ocurren a veces en la
madrugada, interrumpiendo el sueño de miles de ciudadanos en nuestro país, la gente,
desesperada, ha recurrido al único medio de protesta que le queda: la quema de gomas en
distintas provincias del país.
La canasta familiar se ha disparado a niveles inalcanzables para la mayoría de la
población. Pero no para Valdez Albizu quien desde el confort de su oficina en el Banco Central
predica, como un sumo pontífice, un crecimiento económico que solo existe para la élite
privilegiada de este país a cuyos bolsillos va a parar la mayor parte de la riqueza de este
simulacro de democracia.
Del sistema de salud ni hablar. El escándalo de corrupción en SENASA, el más reciente
en un país donde se suceden los escándalos de corrupción institucionales con una pasmosa
frecuencia, revela las flagrantes deficiencias administrativas en un sector tan vital como el de la
salud. El nuestro es un país donde se rebota a una persona hasta dejarla morir si la clínica o el
centro médico a donde se lleva al paciente no ve inmediatos beneficios económicos por
atenderlo. En este sistema neoliberal, caracterizado por la privatización de servicios, la salud y
el derecho a la vida solo pueden ser comprados por los más poderosos.
Ante este pequeño muestrario de ineficiencias institucionales, uno se pregunta
constantemente, ¿qué carajo funciona con máxima eficiencia en este país?
