Luego de siete años de iniciarse el proceso contra los acusados de recibir so­bornos para la compra de ocho aviones Super Tuca­no, el Tercer Tribunal Co­legiado del Distrito Nacio­nal determinó que no se pudo demostrar el pago de coimas para tales fines.

Las juezas Arlín Ventura Jiménez, quien preside el tribunal, Leticia Martínez Noboa y Milagros Merce­des Ramírez Cabrera, des­cargaron por insuficiencia de pruebas al mayor gene­ral retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex minis­tro de Defensa, y el coro­nel Carlos Piccini Núñez, ex director de proyectos es­peciales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).

Asimismo, el tribunal que iba motivando el dis­positivo de la sentencia en pausa a causa de va­rios apagones en la sala de audiencia, absolvió al empresario Daniel Aqui­no Herández, y a las em­presas 4D Busssines Group y Magycor.

“El tribunal concluye que no ha quedado com­prometida la responsabili­dad penal de los imputados en los hechos que le han si­do presentados”, aduce el dispositivo de la sentencia.

Con relación a Magycor, el tribunal precisó que a pe­sar de esta aceptar su res­ponsabilidad ante el minis­terio público, las pruebas aportadas no lograron con­cretar su participación.

También el tribunal or­denó el cese de la medi­da de coerción en contra de los imputados y fijó pa­ra el 12 de julio la lectura íntegra de la sentencia. El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017.

La presidenta del tribu­nal, al motivar el dispositi­vo de la sentencia, precisó que los jueces no están pa­ra dictar decisiones salo­mónicas, “para apaciguar la furia de la opinión públi­ca ni del poder político”.

“Los adversarios vienen a los tribunales en igualdad de condiciones a dar lo me­jor de sí y son las pruebas las que al final dirán qué proce­de y qué no procede”, hizo énfasis la jueza.

Recurrirán sentencia
De inmediato, el ministe­rio público, representado por José Miguel Marmole­jos, procurador fiscal ads­crito a la Procuraduría Es­pecializada de Persecución de la Corrupción Adminis­trativa (PEPCA), se mos­tró en desacuerdo con la sentencia del tribunal, por lo que adelantó que la re­currirá en apelación tan pronto le sea notificada.

Al presentar sus conclu­siones el pasado 3 de ma­yo, el ministerio público, representado además por las fiscales Isis de la Cruz, Ernis Mella, Rosa Pichar­do y Rosa Alba García, pi­dió al tribunal la imposi­ción de 10 años de prisión para Peña Antonio, Picci­ni Núñez y Aquino Her­nández, por la comisión de los delitos que les fue­ron imputados. Igualmen­te, el pago de una multa de US$7 millones.

También, contra cada una de las compañías so­licitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.

La PEPCA acusó al gru­po de violar varios artículos del Código Penal Domini­cano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos. La empresa Em­braer, que admitió la entre­ga de sobornos, había sido condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dóla­res al Estado dominicano.