Hilda Patricia Lagombra Polanco
La República Dominicana ha dado un paso histórico en el ámbito jurídico con la entrada en
vigencia de un nuevo Código Penal. Se trata de un cambio que marca un antes y un después
en la forma en que enfrentamos la criminalidad, ya que dejamos atrás un texto legal
promulgado en 1884, concebido para una sociedad rural, con dinámicas simples y
prácticamente ajena al crimen organizado. Ese código, que cumplió más de 140 años de
vigencia, no podía dar respuestas adecuadas a la realidad compleja que vivimos en la
actualidad, caracterizada por la globalización del delito, el auge de las organizaciones
criminales y el impacto irreversible de la revolución tecnológica.
Quienes formamos parte del Ministerio Público conocemos bien lo que significaba trabajar
con un marco jurídico desfasado. Durante décadas, investigar y procesar delitos modernos
con un código concebido en otro siglo supuso una tarea limitada por normas que ya no
reflejaban las circunstancias ni la naturaleza de la criminalidad contemporánea. Esta
situación evidenciaba la urgencia de una reforma integral que nos dotara de herramientas
legales actualizadas y efectivas.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lo ha expresado con
contundencia en su reciente comunicado: este es el cambio legislativo más importante en
materia penal desde 1884. No se trata únicamente de contar con un nuevo Código Penal,
sino de avanzar hacia una visión renovada de justicia, centrada en las personas y ajustada a
los avances legislativos de nuestra región. Reynoso ha reconocido también que este logro
ha sido posible gracias a legisladores y líderes políticos que priorizaron el bien común
sobre intereses particulares, logrando que el texto final tuviera un carácter progresivo y
alineado con normas modernas.
Desde mi perspectiva como miembro del Ministerio Público, este nuevo Código Penal
representa no solo una actualización técnica, sino una responsabilidad inmediata para todos
los operadores del sistema de justicia. Fiscales, jueces, defensores, abogados litigantes y
académicos debemos iniciar de forma urgente un proceso serio de estudio y capacitación.
Comprender sus innovaciones, sus nuevas tipificaciones penales, las modificaciones en las
penas y que su aplicación sea coherente, uniforme y respetuosa de los derechos
fundamentales.
La promulgación de esta ley no puede ser vista como un punto de llegada, sino como el
inicio de una etapa que exigirá compromiso, disciplina y apertura al cambio. La experiencia
comparada demuestra que una reforma penal, por profunda que sea, no genera impacto real
si no viene acompañada de un esfuerzo formativo y de una voluntad institucional para
aplicarla con rigor. La ley es letra muerta si quienes deben aplicarla no la conocen, no la
comprenden o no la asumen como una herramienta de servicio público.

Hemos superado un marco legal que, aunque cumplió su función en el pasado, se había
convertido en una camisa de fuerza para una justicia que necesitaba evolucionar. Hoy
tenemos una legislación que nos permite responder con mayor eficacia a delitos como la
trata de personas, la corrupción, el lavado de activos, los crímenes tecnológicos y la
delincuencia organizada transnacional. También incorpora avances en materia de derechos
humanos y justicia con perspectiva de género, elementos esenciales para una sociedad que
aspira a ser más equitativa y segura.
El reto que tenemos por delante es monumental. Implica no solo aplicar la ley, sino también
generar confianza ciudadana a través de decisiones justas, procesos transparentes y un
trabajo coordinado entre todas las instituciones del sistema de justicia. Este nuevo Código
Penal debe convertirse en un instrumento vivo, presente en cada investigación, en cada
audiencia y en cada sentencia, recordándonos que la justicia existe para proteger la
dignidad de las personas y salvaguardar el orden social.
Hoy, más que celebrar, debemos asumir el compromiso de hacer que esta herramienta
funcione en beneficio de todos. No basta con tener un buen Código Penal: hay que ponerlo
en acción con responsabilidad, conocimiento y visión de futuro. La República Dominicana
lo necesitaba, y ahora lo tiene. El resto depende de nosotros.