” para financiar presuntas operaciones de inteligencia y de seguridad nacional, que les facilitó la sustracción de una gran parte de los 4,500 millones de pesos de las arcas del Estado, dice el Ministerio Público.

“Los miembros del entramado crearon una cláusula de confidencialidad, estableciendo que: con relación a operaciones de inteligencia y operaciones de inteligencia internacional no podían dar detalles ni generar soportes, puesto que eran asuntos de seguridad y defensa nacional”, menciona el expediente acusatorio.

En el documento la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) argumenta que esto no era más que una artimaña de los integrantes de la red para resguardarse en funciones que no les competen ni al Cuerpo de Seguridad Presencial (Cusep) ni al Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).