En el marco del arranque oficial de la campaña electoral para las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024, la Junta Central Electoral (JCE) y los tribunales penales están listos para imponer multas significativas y penas de prisión por infracciones y faltas administrativas durante los procesos electorales.

La Ley 20-23, que rige el régimen electoral, establece un sistema de sanciones tanto administrativas como penales para aquellos que incurran en faltas, infracciones o delitos electorales, incluido el uso indebido de recursos públicos durante la campaña.

Las recientes denuncias sobre el uso inapropiado de bienes y recursos públicos han llevado a pedidos de intervención por parte de la JCE, el organismo rector de los procesos electorales con la autoridad para dictar medidas cautelares.

La ley faculta a la JCE para imponer sanciones monetarias por faltas cometidas durante la campaña, con multas que pueden llegar hasta 200 salarios mínimos. Entre las faltas se encuentra el uso de bienes y recursos públicos para beneficio político, especialmente por candidatos con vínculos estatutarios con la administración.

Para hacer cumplir estas sanciones, el Pleno de la JCE ha puesto en marcha una unidad de atención, seguimiento y ejecución de las sanciones y medidas cautelares, según lo establecido en un reglamento del 3 de mayo de 2023.

En términos penales, la ley contempla penas de uno a tres años de prisión para funcionarios que utilicen fondos públicos en beneficio de organizaciones políticas. Esta legislación también prevé penas para aquellos que se apropien indebidamente de los recursos partidarios.

Las restricciones legales se extienden a militares y policías, prohibiéndoles ejercer proselitismo político y el derecho al sufragio, con penas severas para aquellos que infrinjan estas normativas.

La ley también prohíbe la inauguración de obras públicas por parte del gobierno central y las alcaldías durante un período previo a las elecciones, y establece sanciones administrativas por otros actos ilegales, como la colocación de propaganda política en lugares públicos y vehículos oficiales.

El Pleno de la JCE, en la proclama emitida, destaca que las organizaciones políticas pueden ejercer sus derechos durante la campaña, pero deben respetar las normativas y disposiciones establecidas por la legislación electoral. Además, se impondrán sanciones por el exceso en los topes de gastos de campaña.