La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señala un conjunto de acciones que supuestamente eran instruidas directamente desde el Poder Ejecutivo y que sirvieron de base para que pudiera prosperar el entramado societario de Juan Alexis Medina y los acusados en la red desmantelada en la Operación Antipulpo.
La acusación establece que el Poder Ejecutivo, en la gestión de Danilo Medina, “instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos, y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a colocar los fondos para el pago a los suplidores”. Estos suplidores estaban formados por empresas del entramado de Alexis Medina, de acuerdo con el expediente.
Dice la acusación que las operaciones fraudulentas empezaron con el anuncio del primer ejecutivo de la nación (presidente Medina) y continuaron con un proceso de licitación declarado de urgencia, sin cumplir requisitos, y “se materializaron a través de maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado”.
