La comisión especial de diputados encargada de revisar la nueva ley de alquileres ha optado, por una mayoría de votos, por establecer un proceso más eficiente para desalojar a los inquilinos morosos en el pago de la renta.
Según el acuerdo alcanzado por la comisión, las nuevas disposiciones contemplarán la creación de una jurisdicción especializada que permitirá la ejecución de desalojos de inquilinos que no cumplan con sus obligaciones en un plazo máximo de dos meses.
El diputado Eugenio Cedeño, presidente de la comisión especial encargada del estudio de la ley, explicó que esta jurisdicción especializada designará un juzgado de paz y un fiscalizador exclusivos para asuntos de inquilinato. Cedeño señaló que los juzgados de paz en la actualidad se enfrentan a una sobrecarga de trabajo que dificulta la resolución oportuna de disputas entre propietarios e inquilinos, llegando a tardar hasta 10 años en su resolución judicial.
"Este nuevo procedimiento será ágil, rápido, innovador y garantizará los derechos tanto del propietario como del inquilino", expresó el presidente de la comisión especial.
Cedeño argumentó que los retrasos judiciales en la resolución de conflictos de inquilinato han generado obstáculos en el mercado inmobiliario en República Dominicana, disuadiendo a los propietarios de invertir y alentando a los inquilinos a reclamar más derechos. El diputado aplaudió la disposición de su equipo de trabajo para abordar esta problemática a través de la creación de una jurisdicción especializada.
La falta de seguridad jurídica, según Cedeño, ha llevado al estancamiento del mercado inmobiliario y al aumento de los costos de los alquileres.
Cedeño informó que el informe de la nueva ley de alquileres está casi completo y que la comisión está avanzando en sus reuniones y trabajos para lograr que el proyecto sea aprobado antes del final de la actual legislatura congresual, programada para el 12 de enero de 2024.
El proyecto de ley para regular los alquileres es una iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y fue aprobado en primera lectura el 24 de mayo después de un proceso de consulta pública.
