Por Hilda Patricia Lagombra Polanco
La muerte reciente de un ciudadano durante una intervención policial ha conmocionado al
país. Cada vez que el Estado hace uso de la fuerza y una vida se pierde, corresponde una
investigación seria, transparente e independiente que establezca responsabilidades y
garantice que la justicia actúe. Ese es el deber de toda democracia y la mejor forma de
proteger la confianza de la ciudadanía.
Sin embargo, el dolor y la indignación no deben llevarnos a conclusiones apresuradas. No
es justo medir todo un proceso de transformación institucional por un hecho, por grave que
sea. Las grandes reformas deben analizarse por sus avances, sus resultados y, sobre todo,
por su capacidad para reconocer errores y corregirlos.
Durante décadas se habló de la necesidad de transformar la Policía Nacional. Hoy el país
desarrolla un proceso de reforma que busca cambiar la institución desde sus cimientos. No
pretende únicamente modificar reglamentos o estructuras. Procura formar una Policía
más profesional, más cercana al ciudadano y más consciente de que su verdadera
razón de ser es proteger y servir.
He tenido la oportunidad de conocer parte de ese esfuerzo desde las aulas. Como docente
del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) imparto las asignaturas Fundamentos
de Derecho, Fundamentos de Derecho Penal y Procesal Penal y Educación
Constitucional. Allí se desarrolla una currícula que fortalece la formación jurídica, ética y
constitucional de los futuros agentes, con énfasis en el respeto a los derechos humanos, el
uso legítimo de la fuerza y el cumplimiento de los protocolos de actuación.
Esa formación representa un avance importante, pero por sí sola no cambia una institución.
El verdadero desafío comienza cuando esos conocimientos se reflejan en cada intervención
policial. La preparación debe estar acompañada de supervisión, liderazgo, disciplina y una
evaluación constante que permita fortalecer lo que funciona y corregir lo que aún presenta
debilidades.
Uno de esos desafíos sigue siendo la forma de abordar al ciudadano. La autoridad
nunca puede confundirse con abuso. La comunicación, el respeto y la prudencia deben
orientar toda actuación policial. El uso de la fuerza es excepcional y el arma de fuego
constituye el último recurso para proteger la vida cuando no exista otra alternativa. Ningún
policía tiene licencia para matar. Los protocolos existen para proteger tanto a la
ciudadanía como a los propios agentes y su cumplimiento no admite excepciones.
Por eso, la actuación del agente involucrado en el hecho que hoy lamenta el país merece el
más firme reproche. Una situación como esta no puede volver a repetirse. Cada
intervención policial debe estar guiada por la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y
el respeto absoluto por la vida humana.

Ahora bien, condenar esa actuación no significa condenar a toda la institución. Sería injusto
desconocer el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que cada día arriesgan su vida para
proteger a la población, enfrentan la delincuencia, trabajan largas jornadas y cumplen su
deber con honestidad y vocación de servicio. Ellos también merecen una institución más
fuerte, mejor preparada y respaldada por una reforma que continúe avanzando.
La respuesta tampoco puede ser el irrespeto o la deslegitimación de la Policía Nacional. Lo
que corresponde es exigir una institución cada vez más profesional, transparente y cercana
a la gente. Eso implica evaluar permanentemente la reforma con criterios objetivos,
utilizando indicadores, evidencia y métodos que permitan medir sus resultados y tomar
decisiones basadas en hechos, no en percepciones o emociones.
En esa tarea también tienen una responsabilidad los líderes de opinión, los medios de
comunicación y quienes participan en el debate público. Su influencia exige equilibrio,
prudencia y objetividad. Criticar cuando corresponde fortalece la democracia, pero
generalizar o alimentar discursos que desacreditan por completo una institución no
contribuye a resolver los problemas. El país necesita un debate serio, sustentado en
evidencia y orientado a construir soluciones.
La reforma policial merece una oportunidad, no una sentencia. Fortalecerla significa
reconocer lo que aún falta por corregir, exigir que cada abuso sea investigado y sancionado,
valorar el trabajo digno de quienes honran el uniforme y mantener el compromiso de
construir una Policía que inspire confianza, proteja la vida y haga de la cultura de paz el
principio que guíe cada una de sus actuaciones.