La orden del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y a algunos extranjeros con estadía legal en EE.UU. enfrenta grandes retos, pero también podría ser a largo plazo el primer impulso para cambiar la Constitución con ayuda de un Tribunal Supremo ultraconservador.

El decreto, que cuestiona que la Enmienda 14 de la Constitución extienda automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país, es "una violación de los derechos constitucionales de los inmigrantes", señaló a EFE Iván Espinosa-Madrigal, de Abogados Defensores de los Derechos Civiles.

El grupo hace parte de los demandantes de la medida, como también lo han hecho 22 estados, al considerar que "viola derechos fundamentales establecidos por la Constitución". El jueves, el decreto sufrió el primer revés, de un juez federal de Seattle, que lo consideró "claramente inconstitucional".

Oscar Chacón, de Alianza Américas, recordó que la iniciativa no es nueva ya que desde finales de la década de 1970 se discute en Washington "quién debe ser estadounidense".

"Trump es hoy la cabeza de un movimiento nacional con una historia muy larga, que ha resentido siempre la noción de que personas que no sean blancas, anglo y protestantes, puedan ser parte de nosotros", se lamentó Chacón en una entrevista con EFE.