En un acto que resalta su compromiso con la transparencia y eficiencia en la gestión gubernamental, el presidente Luis Abinader firmó el decreto 1-24, un documento que establece restricciones claras y criterios rigurosos para la publicidad gubernamental. Esta medida tiene como objetivo evitar el uso indebido de fondos públicos y garantizar una distribución equitativa de la publicidad.

Según la orden ejecutiva, se prohíbe enfáticamente la inclusión de la voz, imagen o cualquier referencia personal de funcionarios públicos en la publicidad oficial. De igual manera, queda vedado el uso de la publicidad con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, ya sean oficiales o no. En cambio, se priorizará la promoción de campañas institucionales con objetivos claros y necesarios para la ciudadanía.

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, destacó que estas medidas no implicarán una disminución del gasto, ya que se busca un uso más eficiente de los recursos. En respuesta a las críticas sobre el gasto en publicidad estatal, Figueroa subrayó que durante el 2023 se ejecutó un monto de 3,594 millones de pesos en comunicaciones, asegurando que los pequeños empresarios no se verán afectados negativamente.

Verificación Rigurosa y Transparencia en Contrataciones Publicitarias

Cada contrato de publicidad deberá incluir mecanismos de verificación del cumplimiento de obligaciones. En este sentido, se considerarán estadísticas de plataformas de medios, no solo las proporcionadas por los mismos. Además, se requerirá documentación sobre el público objetivo, alcance geográfico y demográfico del medio, así como el costo por impacto publicitario.

El presidente Abinader describió estas restricciones como una "camisa de fuerza" necesaria para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos, especialmente en un año electoral. Aseguró que el decreto estuvo en discusión durante cuatro meses, logrando un consenso días antes de finalizar el año 2024.

Las instituciones contratantes evaluarán distintos medios considerando criterios de igualdad y competencia justa, como el alcance geográfico y el tamaño de la audiencia. Se espera que la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental defina umbrales relativos a estos aspectos.

Instrucciones Claras para Instituciones Públicas

El presidente instruyó a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a lo estrictamente necesario, respetando la Ley Orgánica del Régimen Electoral y las orientaciones de la Junta Central Electoral. Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, especificó las exigencias para contratar publicidad.

Este decreto, que ha generado reacciones diversas en los medios, busca asegurar que la publicidad gubernamental cumpla con propósitos informativos y de servicio público, evitando su uso con fines propagandísticos o electorales. La Dirección de Contrataciones Públicas y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental verificarán el cumplimiento y elaborarán una propuesta de reglamento general de publicidad oficial en un plazo de seis meses.

La eficacia de estas medidas dependerá de su implementación y monitoreo, desafíos que se presentarán, especialmente en términos de asegurar su cumplimiento y garantizar el acceso a información detallada para la prensa y la ciudadanía.