El Tribunal Constitucional ha ratificado la constitucionalidad de la Ley núm. 5880, que impone penas de hasta un año de prisión a quienes alaben al régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina, gobernante de la República Dominicana durante 31 años. La decisión se produce tras el rechazo de una acción directa de inconstitucionalidad presentada por los abogados Ángel Polanco Sánchez, Danys Solis Valdez, Nora Elizabeth de los Santos y César Augusto Arias.

En su sentencia, el TC sostiene que la ley es acorde con la Constitución de la República, desestimando las alegaciones de los demandantes que argumentaban violación de los derechos de igualdad y libertad de expresión consagrados en los artículos 39 y 49 de la Carta Magna, así como disposiciones de la Carta Universal de los Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.
La normativa en cuestión, promulgada el 3 de mayo de 1962, establece sanciones para quienes alaben públicamente al régimen trujillista, considerándolo un delito contra la paz y la seguridad públicas. La decisión del Tribunal Constitucional ha generado diversas reacciones en el ámbito jurídico y social.
La directora del Museo Memorial de la Resistencia, Luisa de Peña Díaz, expresó su regocijo ante la sentencia, calificándola como un triunfo para el derecho a la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de Trujillo. Subrayó que defender la dictadura implica una violación no solo de la ley, sino también de la dignidad de las víctimas, sus familiares y los sobrevivientes.


