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Hace más de dos años que el presidente Luis Abinader tomó las riendas del Estado dominicano tras el triunfo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) bajo la consigna del “gobierno del cambio”, el cual se ha visto empañado por las conductas e irregularidades que han salpicado a distintos funcionarios de esa organización.

Ministros, diputados, directores y altos dirigentes del partido han protagonizado escándalos supuestamente de corrupción, narcotráfico y hasta acusaciones de violencia en diferentes vertientes, por lo que hasta han sido investigados, pero el partido internamente ha dejado en el olvido las consecuencias del accionar de estos militantes.

El caso más reciente es el del diputado Sadoky Duarte, a quien hallaron culpable de ultraje y violencia contra la autoridad pública. Fue condenado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia a tres meses de prisión suspendida y al pago de una multa de 3,500 pesos por agredir a la raso de la Policía Nacional, Disleidy Heredia Figueroa, durante un incidente en la provincia Sánchez Ramírez.

Varios perremeistas también enfrentan procesos judiciales, pero no han sido, al parecer, suficientemente contundentes, para que el partido tome acciones contra ellos como ha expresado en varias ocasiones la directiva de la organización.

Diputado Gutiérrez

Otro diputado que espera ser juzgado es el santiaguero Miguel Gutiérrez Díaz, detenido en Estados Unidos por su vinculación al narcotráfico. Gutiérrez se encuentra recluido en la cárcel federal de Miami desde mayo de 2021 después de ser apresado en el aeropuerto internacional de esa ciudad, donde viajó para acudir a la graduación de un hijo.

Estando allí ha pasado por dos crisis psicológicas, según su abogado, Dennis Urbano, quien detalló a un diario internacional que por segunda ocasión pidió vigilancia para el imputado por alerta de suicidio. Esta condición ha retrasado la audiencia.

Yamil Abreu

En junio del 2020 la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó al exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas, provincia Azua, y dirigente del PRM. Yamil Abreu es acusado de ser el cabecilla en el país de una red internacional de narcotráfico, presuntamente vinculado con el Cartel de Sinaloa.

Fue extraditado a los Estados Unidos después que el presidente Luis Abinader firmara el documento a 12 días de asumir el poder, mientras que el imputado aceptó su extradición para “demostrar su inocencia”.

Luis Maisichell Dicent

El destituido administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, es acusado por el Ministerio Público de ser el principal implicado en la Operación 13, un fraude millonario que supuestamente se realizó en esa institución. El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien dejó el caso en estado de fallo, para ser dado a conocer el martes 26 de julio.  En varias ocasiones Dicent ha negado su participación.

Leonardo Faña

El exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, fue acusado por agresión sexual a una de las empleadas de la institución que tenía a su cargo, razón por la cual fue apresado y suspendido del puesto el 19 de enero. Faña cumplió prisión preventiva y luego fue dejado en libertad, aunque con impedimento de salida y presentación periódica, además de pagar una multa de RD$500 mil.

La denunciante María Isabel Flores, gerente financiera del IAD, retiró la querella. En enero el Ministerio Público decidió continuar con el caso.

Adán Peguero

Otro servidor público que ha enfrentado la justicia, es Adán Peguero, dirigente del PRM en Santo Domingo Este. Fungió como director del Instituto Postal Dominicano y fue suspendido y posteriormente destituido por irregularidades al contratar una empresa extranjera de envíos violando la Ley de Contrataciones Pública. También ha tenido que acurrir a la Procuraduría de la Corte de Apelación Penal a responder por una querella interpuesta por el Defensor del Pueblo por negarse a entregarle informaciones sobre la cancelación de empleados que reclamaban prestaciones laborales.

Kinsberly Taveras

La exministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, encabezó las primeras listas de acusaciones y sometimientos por presuntos actos de corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito. Era investigada por el Ministerio Público por sus bienes declarados y también por violar la Ley de Compras y Contrataciones, debido a que sus empresas suplían a varios ayuntamientos. En una ocasión el PRM comunicó que su caso fue enviado al fiscal nacional, sin embargo, todavía se desconoce de las consecuencias que tuvo. Taveras decidió prescindir de sus funciones para ponerse a disposición de la justicia.