La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca) fue apoderada ayer de tres expedientes sobre presuntas irregularidades que implican al Plan de Asistencia Social de la Presidencia y el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en los que se identifica “una recurrencia sospechosa” en los procesos de compras y contrataciones de esos entes.
El impulso de este paso es de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que hizo el apoderamiento del caso a la Pepca a través de su titular, Carlos Pimentel.
Conforme al pliego de hechos sometidos ante el ente de la investigación, en torno a lo ocurrido existe, como única explicación, “vínculos o acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado”.
Según detalles sobre estos casos, estas alegadas irregularidades habían ocurrido el año pasado, estableciéndole que para ejecutar los procesos de compra y contrataciones se “otorgaban adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias”.
