Reclamos de la ADP son Políticos Partidarios o Reclamos de Política Educativa
Cheo Lagombra
Para que un sistema educativo logre las metas que se ha planteado en su curriculum, resulta
necesario una evaluación objetiva de las características de los diferentes indicadores que
implica una educación de calidad. Lograrla se visualiza como una tarea complicada y a largo
plazo, ya que requiere de la participación y disposición tanto de los distintos estamentos del
Estado, como de la sociedad en general, en este caso particular de los padres y naturalmente del
desempeño de los docentes.
Para asegurar la calidad de la educación pública, es fundamental que el Estado cumpla con
su rol no solo de regulador sino también de proveedor. Por lo regular los funcionarios públicos
son expertos en derogar, en promulgar y poner en vigencia una serie de ordenanzas y
resoluciones las cuales se traducen en las normas que rigen el sistema.

Para conocer objetivamente los resultados de los procesos de aprendizaje de
los estudiantes las normativas vigentes establecen evaluaciones al desempeño de los docentes.
Pero aunque parezca paradójico en un sistema donde el sindicato que agrupa a los docentes tenga
que incluir en un plan de lucha, entre otras cosas se les aplique una evaluación a sus miembros,
hay que imaginar el sustento de los juicios que se emiten de los docentes.

En lo que respecta al papel del Estado como proveedor de los recursos, solo
hay que visitar los centros educativos para observar las condiciones en que se imparte docencia.
El MINERD afirma que por cada día que el sindicato lo dedica a reclamos el Estado pierde
alrededor de RD$1,538 millones. Pero el ministro no hace cálculos para determinar cuántas
secciones de clases tienen más de 40 alumnos, lo que significa que ese docente está haciendo el
trabajo de dos, lo que representa una especie de happy hour para el MINERD.

Tampoco el ministerio de educación hace un estimado de la cantidad de
secciones del nivel inicial que solo tienen designado un solo docente, cuando realmente deben
ser dos, lo que también significa una millonada que se ahorra, pero esas cifras se ocultan.
Tampoco los hacedores de opinión que se oponen a los reclamos del sindicato han visitado los
centros educativos para observar si cuentan con laboratorios para el aprendizaje de la Física,
Química y Biología. Pero para no hacer más largo el cuento, también deben preguntarse cuántas
aulas están dotadas de proyectores, del estado del mobiliario, si el centro cuenta con una
biblioteca, si el centro cuenta con los talleristas para las actividades después del almuerzo, si
llegan a tiempo los registros de grados o el porcentaje de participación de las familias ajustado a
los roles que les corresponden. Para evaluar de manera negativa el desempeño de los

docentes, solo basta echarle una ojeada a la Ley 66-97 que es la que regula nuestro sistema
educativo y con un simple análisis de los artículos 58, 59 y 60 para hacer las comparaciones
entre lo que establece esa normativa y el grado responsabilidad de los docentes para compararlo
con el grado de responsabilidad del MINERD. Ya que generalmente el malo de la película son
los docentes. Se acusa al sindicato de los maestros de
que sus reclamos tienen un objetivo político. Claro que tienen un objetivo político, pero de
Política Educativa, pero los que así opinan, naturalmente tienen ese derecho, pero al parecer no
tienen una precisión clara de lo qué es una política educativa, de la naturaleza de la misma, de
sus fines y objetivos. De la implementación de una política
educativa depende el éxito o el fracaso de una gestión de un periodo de gobierno. Pues con ella
se busca establecer estándares de calidad en la educación, la inversión de recursos, su
racionalidad y una adecuación que garantice la puesta en práctica de la acción educativa; la
calidad e innovación de los materiales didácticos; las condiciones físicas de los centros
educativo y otros indicadores que señalan los artículos de la ley citados. Se ha
hecho una costumbre de nuestros dirigentes políticos de apoyar los reclamos del sindicato de
maestros y de otras asociaciones cuando están en la oposición. Los proyectos de los partidos en
el campo de la educación son elaborados con la participación de los docentes que siempre son
dirigentes de la ADP, pero una vez que alcanzan el poder cambian radicalmente de posición.
Es
indispensable que exista una relación estrecha entre política partidaria y política de educación.
Aunque no es conveniente hablar de políticas educativas de gobierno, sino de políticas
educativas del Estado, ya que hay continuidad de esa institución política, aunque se produzcan
los cambios de gobernantes. La Constitución política del Estado Dominicano, que es un Estado
Democrático, Social y de Derecho consigna ese derecho en su Artículo 63.- Derecho a la
educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus
aptitudes, vocación y aspiraciones.