La República Dominicana irá a elecciones el próximo año 2024, y al igual que en la última contienda volverá a estrenar una Ley Orgánica de Régimen Electoral, esta vez con la figura del fiscal electoral y una delimitada Procuraduría Especializada para la Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales.

En los comicios del 2020, se celebraron los certámenes con la ley 15-19 que vino a derogar la hasta entonces vigente ley 275-97.

Con la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral, los crímenes y delitos electorales serán conocidos por los tribunales penales ordinarios del Poder Judicial, cuando sean denunciados por la parte afectada, las juntas electorales o de oficio por parte de la Procuraduría Especializada. Mediante la sentencia del Tribunal Constitucional TC-0508-21 se le quitó esa competencia al Tribunal Superior Electoral (TSE).

La Procuraduría Especializada estaba contemplada en la antigua Ley Electoral 15-19, sin que se definieran sus roles. Se regía según las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, del 9 de junio de 2011.

Con la nueva legislación se estableció que se encargará de la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales como dependiente de la Procuraduría General de la República