La Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció ayer que modificará la resolución en la que se establecieron las tarifas

0
223
ads
- Advertisement -spot_img

La Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció ayer que modificará la resolución en la que se establecieron las tarifas de transición del servicio eléctrico para el trimestre julio-septiembre de 2022, para dejarlas sin efecto y mantener en vigencia las aplicadas en abril-junio del presente año, que ajustaban 9 % a los clientes residenciales de las EDE.

Adicionalmente, el Consejo de la SIE ordenó a las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste, revisar las facturas emitidas en julio y acreditar o debitar, conforme corresponda, en la siguiente facturación, la diferencia entre los precios establecidos.

Con el objetivo del desmonte gradual y trimestral del subsidio eléctrico con miras al 2026, en el marco del Pacto Eléctico, para el actual trimeste la SIE había resolutado también un alza de 9 % en la tarifa eléctrica para los clientes residenciales que consuman hasta 300 kWh y de 7.6 % para los  pequeños comercios, que juntos representan alrededor del 80 % de los usuarios regulados por las empresas distribuidoras de electricidad.

“Luego de emitida la Resolución No. SIE-061-2022-TF, esta Superintendencia ha verificado que las condiciones extraordinarias actuales de la situación mundial, ha generado un incremento desmesurado de los precios de los combustibles, insumos indispensables para la generación térmica de nuestra matriz energética, los cuales impactan el costo de generación de electricidad; el proceso de abastecimiento de las Empresas de Distribución Eléctrica y el cálculo tarifario”, señaló la SIE.

La medida se produjo dos días después de que el presidente Luis Abinader anunciara la suspensión de los próximos ajustes trimestrales de la tarifa eléctrica a los usuarios regulados de las EDE, que se han venido aplicando desde  noviembre del año pasado como parte de los acuerdos arribados en el Pacto Eléctrico -que también pidió revisar-, que consensuaron los partidos políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil. Se firmó en febrero del año pasado.