Por Hilda Patricia Lagombra Polanco
Hablar de la ética del servidor público no es un ejercicio pasajero ni un capricho retórico.
Es, más bien, una necesidad inaplazable en una sociedad que demanda confianza,
transparencia y resultados de quienes ocupan funciones en el Estado. No me cansaré de
escribir sobre ello, porque mientras existan servidores públicos que olviden que el poder es
servicio y no privilegio, será imprescindible insistir, una y otra vez, en la raíz ética de
nuestra labor.
La ética del servidor público no se reduce a un código escrito en manuales institucionales.
Va más allá de protocolos y normativas; es una actitud frente a la vida, un compromiso
íntimo con la verdad y con la gente que nos ha confiado la administración de los bienes
comunes. El servidor público que actúa con ética reconoce que cada decisión, por pequeña
que parezca, incide en la vida de los ciudadanos, y que cada acto deshonesto erosiona la
credibilidad de las instituciones.
Resulta doloroso admitirlo, pero muchas veces la sociedad ha tenido que presenciar cómo
algunos funcionarios confunden la función con la oportunidad, la responsabilidad con la
ambición, y el deber con la conveniencia. Frente a esa realidad, reiterar la importancia de la
ética no es redundante: es resistencia. Es levantar la voz contra la corrupción, el
clientelismo y la indiferencia. Es un recordatorio permanente de que la función pública no
es un botín, sino un mandato sagrado.
No me cansaré de escribirlo, porque el servidor público ético no es aquel que simplemente
evita robar o cometer abusos. La ética es más profunda: implica actuar con diligencia, con
respeto, con humildad y con entrega total al interés colectivo. Implica cumplir el horario de
trabajo, atender al ciudadano con cortesía, dar respuestas claras y evitar la tentación de
aprovecharse de las debilidades ajenas. La ética es, en definitiva, una manera de vivir la
función pública con sentido de misión.
La sociedad, por su parte, no puede permanecer indiferente. No basta con quejarse en las
calles o en las redes sociales; es necesario estar vigilantes, atentos a quiénes son los
verdaderos fiscalizadores del poder. El pueblo tiene derecho y obligación de exigir cuentas,
de preguntar cómo se utilizan los recursos, de denunciar irregularidades, de reconocer a
quienes actúan con integridad y de sancionar moralmente a quienes traicionan la confianza
depositada en ellos.
Porque ser servidor público no es una concesión divina ni un título honorífico; es un
contrato social. Y ese contrato solo tiene validez si se cumple con ética. Sin ética, la gestión
se convierte en simulacro, la autoridad en abuso, y el poder en tiranía. Con ética, en
cambio, la administración pública se convierte en un verdadero instrumento de progreso,
capaz de generar confianza y esperanza.
La ética del servidor público también es pedagógica: enseña con el ejemplo. El funcionario
que respeta las normas, que trata al ciudadano con dignidad, que trabaja con disciplina,

envía un mensaje poderoso a la sociedad: que la decencia sí es posible, que la integridad sí
rinde frutos, que el Estado no es un enemigo sino un aliado. Ese ejemplo multiplica sus
efectos, porque inspira a otros a actuar de la misma manera.
Por eso no me cansaré de insistir: necesitamos servidores públicos con ética, y ciudadanos
atentos que exijan esa ética. Solo así podremos construir instituciones fuertes, capaces de
resistir las tentaciones del poder y de responder con eficacia a las demandas de la gente.
En este tiempo donde los discursos abundan y las acciones escasean, hablar de ética no es
ingenuidad, es urgencia. No es repetir lo obvio, es rescatar lo esencial. Y no es un sermón
moralista, sino un clamor social: el de una nación que anhela confiar en sus servidores, y
que solo podrá hacerlo cuando la ética sea la brújula de cada decisión.