A treinta y un días de haberse tomado medidas extremas para contener la propagación del coronavirus en el país, arrendatarios de viviendas y sus inquilinos han empezado a mostrar preocupación por la incertidumbre del cobro y de los pagos, tras haber enfrentado la mayoría de los empleados suspensiones temporales.
“Mi temor es que me las desbaraten (las casas)”, dice Verónica Mercedes, una residente de La Romana que tras mucho esfuerzo ha logrado poner en alquiler algunas viviendas.
La experiencia le indica que muchos inquilinos viven los depósitos y luego (en el mejor de los casos), se mudan sin responsabilizarse por los daños causados al inmueble.
Otros propietarios dependen del pago para su sustento o deben pagar un préstamo hipotecario pendiente con alguna entidad financiera.
Del lado de los inquilinos, las cosas tampoco pintan bien. A mediados de mes, unos 772,086 empleados formales habían sido suspendidos y todo parece indicar que la cifra crecerá.
En algunos casos particulares los pagos han sido exonerados por hasta dos meses, en otros, la cuota ha sido rebajada hasta un 50%.
