Por Hilda Patricia Lagombra Polanco
La ética pública vuelve, una vez más, al centro del debate nacional, no porque haya
sido fortalecida, sino porque ha sido vulnerada. Los recientes acontecimientos de
corrupción que sacuden al país no son hechos aislados ni simples deslices
administrativos; son acciones que lesionan directamente derechos fundamentales,
afectan servicios esenciales y profundizan las desigualdades. Cada escándalo que sale
a la luz desnuda algo más que nombres y cifras; revela una peligrosa desconexión
entre el poder, el deber moral y la responsabilidad de garantizar derechos a la
ciudadanía.
La función pública no es un privilegio heredado ni un botín de temporada. Es, o debería
ser, un acto de servicio orientado al bien común. Sin embargo, cuando se normaliza el
uso de los cargos para beneficios personales, cuando se confunde autoridad con
impunidad y gestión con enriquecimiento, no solo se traiciona la ética, se vulneran
derechos colectivos, se limita el acceso a oportunidades y se debilita la justicia social.
La corrupción no comienza con grandes fraudes; inicia cuando se toleran pequeñas
faltas, cuando se justifica “porque siempre se ha hecho así”, cuando el silencio
cómplice sustituye la responsabilidad.
En una sociedad democrática, la ética pública no es un adorno ni una aspiración
abstracta. Es una obligación concreta que se traduce en políticas públicas eficientes,
en la correcta administración de los recursos y en la garantía real de derechos. Cuando
falla, el daño no se limita a las instituciones; se extiende al tejido social, alimentando el
desencanto, la apatía y la peligrosa idea de que la corrupción es inevitable. Nada más
falso. La corrupción persiste no porque sea invencible, sino porque durante demasiado
tiempo ha sido tolerada, minimizada o relativizada.
Resulta especialmente grave cuando los casos de corrupción involucran sectores
llamados a garantizar derechos, justicia y equidad. Allí el impacto es doble; se pierde el
recurso público y se vulnera el derecho del ciudadano a un Estado confiable y justo. El
ciudadano comienza a preguntarse si vale la pena cumplir la ley cuando quienes deben
custodiarla la violan. Esa duda, silenciosa pero persistente, es el terreno más fértil para
el deterioro institucional y la descomposición social.
Hablar de ética pública implica también mirar hacia adentro. No basta con exigir
sanciones ejemplares, que son necesarias, si no se revisan las prácticas, los controles
y la cultura que permite que estas conductas se repitan. La ética no se construye solo
con leyes; se sostiene con liderazgo, coherencia y ejemplo. Un servidor público ético no

es el que nunca es cuestionado, sino el que entiende que cada decisión incorrecta
impacta derechos y vidas reales.
En este contexto, la ciudadanía tiene un rol ineludible. La vigilancia social, la exigencia
informada y la negativa a normalizar lo indebido son formas de participación tan
importantes como el voto. Una sociedad que se resigna a la corrupción termina
aceptando también la vulneración sistemática de sus derechos.
Por mi parte, no me cansaré de escribir sobre ética pública. Insistiré cuantas veces sea
necesario, aunque incomode o parezca repetitivo. Porque callar también es una forma
de complicidad. Porque la ética no se defiende una sola vez, se defiende todos los
días. Y porque mientras la corrupción siga vulnerando derechos y pretendiendo
normalizarse, habrá que seguir señalándola, cuestionándola y enfrentándola con
memoria y firmeza.
El momento que vivimos exige algo más que indignación pasajera. Exige coherencia,
consecuencias y reformas sostenidas. Exige recordar que el poder público solo tiene
sentido cuando se ejerce con ética y con respeto a los derechos. Sin ella, no hay
desarrollo posible, ni justicia real, ni democracia sólida. Recuperar la ética pública no es
una tarea romántica ni ingenua; es una urgencia histórica. Y sobre eso, seguiré
escribiendo.