Por Cheo Lagombra

El término "Ayuntamiento" tiene sus raíces en el latín "iugum," que se traduce como la acción de unir cosas, refiriéndose al órgano que gobierna una ciudad. La palabra evoca imágenes de la yunta de bueyes en nuestros ingenios y se relaciona con el yugo, la pieza de madera que mantiene unida la yunta. Así, un Ayuntamiento es la junta indisoluble del alcalde/sa y los concejales con los munícipes, trabajando juntos para abordar y resolver los problemas del municipio.

En abril, celebraremos 530 años desde la instalación del primer ayuntamiento en el llamado nuevo mundo. Nuestros gobiernos municipales no solo destacan por su antigüedad en América Latina, sino también por su capacidad demostrada para adaptarse a nuevas ideas, demandas y necesidades de los munícipes. Sin embargo, la realidad nos muestra que existe una falta de características esenciales, desde un punto de vista legal, en muchos de nuestros ayuntamientos.

La razón detrás de esta carencia radica en la ausencia de una política pública municipal que redefina la finalidad del ayuntamiento y transforme la inercia institucional que lo caracteriza. Es necesario crear espacios, mecanismos y políticas que se concierten con los diversos actores de la comunidad, donde cada uno asuma responsabilidades y compromisos, ampliando los derechos de opinión y decisión en el ámbito local. Una política pública municipal ajustada a la realidad de cada municipio es esencial para impulsar la transformación de un ayuntamiento de administrador local de servicios básicos y pequeñas obras públicas a un verdadero gobierno local.

Diseñar e implementar una política pública municipal requiere de un esquema de trabajo fácilmente entendible por todos los miembros de un Concejo Edilicio. Sin un método de trabajo claro, las acciones pueden anularse entre sí. La tradición centralista y autoritaria del Estado dominicano ha obstaculizado el desarrollo autónomo y democrático del municipio, manteniéndose como el último eslabón más débil de la cadena de mando del Estado central. Además, la ineficiencia y las prácticas clientelistas han dañado la imagen institucional de los cabildos en la escena política y social del país.

El próximo 18 de febrero, los dominicanos elegirán a 1,164 regidores/as y sus suplentes en los 158 municipios, así como 735 vocales en los 235 Distritos Municipales. Aunque este número puede parecer elevado, los regidores desempeñan un papel vital en la elaboración de políticas públicas locales que sientan las bases para el desarrollo y garantizan una administración transparente y responsable.

Los ayuntamientos deben dejar de ser meros prestadores de servicios. La participación activa de los regidores aporta equilibrio al proceso de toma de decisiones, trabajando junto al alcalde para definir el modelo de ciudad que desean para el futuro. Este proceso de transformación es complejo, pero es esencial para reivindicar la diversidad y elaborar políticas públicas municipales coherentes que impulsen el progreso del municipio.