El partido se encuentra en una discusión interna sobre el método de escogencias de sus nuevas autoridades, ya sea por voto de los militantes o el de los delegados.

Tal es el caso de Guido Gómez Mazara, quien ratificó la sentencia 019-2014 del Tribunal Superior Electoral (TSE)  que señala que los partidos políticos no pueden violentar el derecho a los militantes de elegir a sus autoridades mediante el voto secreto, directo y universal.

Recordó el dirigente perremeísta que la sentencia 019-2014 creó un precedente significativo en lo que se refiere a la participación de la militancia y que en la actualidad ningún proceso de modificación estatutario puede andar acompañado de conculcar derechos partidarios.

El pasado 30 de enero, el PRM realizó una convención nacional donde sus miembros  modificaron algunos estatutos de la organización política, no obstante en esa reunión no se decidió el método para elegir a las nuevas autoridades.

Entre los principales temas trascendentes de la reforma se destacan que el presidente de la República, si es un miembro del PRM, puede optar por un segundo mandato consecutivo, lo cual anteriormente estaba prohibido en esa organización, a pesar de estar permitida en la Constitución. Igualmente, el presidente y secretario general del PRM, no podrán aspirar a la Presidencia, antes de que se cumpla el período por el que fueron electos, aunque renuncien a sus puestos.

De acuerdo a los nuevos estatutos, para ser elegible al cargo de presidente, vicepresidente, secretario general y subsecretario nacional del PRM, se debe tener mínimo cinco años de militancia, mientras que en los demás niveles el requisito será de tres años.

Solicitan ante el TSE anular la convención PRM

Un miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) impugnó, ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), la convención nacional extraordinaria de la organización política, realizada el 30 de enero pasado, para que sean anuladas las resoluciones aprobadas ese día.

En la instancia, Fidel Alberto Tavárez precisa que las resoluciones adoptadas en la referida convención son contrarias a los principios de transparencia y democracia interna establecidos como de obligatorio cumplimiento para los partidos y organizaciones políticas, así como el debido proceso de aplicación general para todas las actuaciones judiciales y administrativas.