En el año 2005 el Banco Mundial realizó un estudio que validó con rigor científico la alta tasa de rendimiento económico y social que resultaría de la construcción de las carreteras Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico. Sin embargo, desde sus inauguraciones en diciembre de 2008 y octubre de 2011 respectivamente, las obras no han generado rentas en el orden esperado. Por el contrario, los ingresos han estado significativamente por debajo del mínimo garantizado por el Estado al consorcio Autopista del Nordeste, S.A., entidad colombiana, encargada de la construcción y administración de las autopistas. De hecho, el déficit en relación al mínimo garantizado en el contrato concesionario ha sido tal que en el periodo 2012-2019 el gobierno erogó más de US$450 millones por concepto del peaje sombra que subvenciona a la empresa desarrolladora en virtud de su rentabilidad subóptima.

Para poner dicha cifra en perspectiva es preciso señalar que el costo de construcción de ambas carreteras fue de poco más de US$305 millones. Esto quiere decir que en un promedio de ocho años y medio el Estado pagó al consorcio ADN un monto que supera el costo de las obras en casi un 50%. Sin dudas, cuando contabilicemos el peaje sombra que habrá pagado el erario al cabo de este año 2020, el monto total se disparará por encima de los US$500 millones. Esto es sin tomar en cuenta el peaje normal, exorbitante por demás, que el consorcio ha estado cobrando desde finales del año 2008.

En el año 2005 el Banco Mundial realizó un estudio que validó con rigor científico la alta tasa de rendimiento económico y social que resultaría de la construcción de las carreteras Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico. Sin embargo, desde sus inauguraciones en diciembre de 2008 y octubre de 2011 respectivamente, las obras no han generado rentas en el orden esperado. Por el contrario, los ingresos han estado significativamente por debajo del mínimo garantizado por el Estado al consorcio Autopista del Nordeste, S.A., entidad colombiana, encargada de la construcción y administración de las autopistas. De hecho, el déficit en relación al mínimo garantizado en el contrato concesionario ha sido tal que en el periodo 2012-2019 el gobierno erogó más de US$450 millones por concepto del peaje sombra que subvenciona a la empresa desarrolladora en virtud de su rentabilidad subóptima.

Para poner dicha cifra en perspectiva es preciso señalar que el costo de construcción de ambas carreteras fue de poco más de US$305 millones. Esto quiere decir que en un promedio de ocho años y medio el Estado pagó al consorcio ADN un monto que supera el costo de las obras en casi un 50%. Sin dudas, cuando contabilicemos el peaje sombra que habrá pagado el erario al cabo de este año 2020, el monto total se disparará por encima de los US$500 millones. Esto es sin tomar en cuenta el peaje normal, exorbitante por demás, que el consorcio ha estado cobrando desde finales del año 2008.