Devolución del 30% del Fondo de Pensiones Y. Reforma de la Ley 87-01

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Cheo Lagombra
La propuesta de retirar el 30% de los fondos de pensiones para distribuirlos entre los trabajadores afiliados a las AFP puede parecer a algunos, a simple vista, un paliativo en momento de calamidad como el presente en que la pandemia del COVID-19 se extiende como una plaga aniquilante para la salud y para la economía del país. La iniciativa es impulsada   por el diputado por La Romana, Pedro Botello,  apoyado por  su partido el  PRSC. Pero, aunque la propuesta le produzca beneficios políticos, los costos en el futuro para los  beneficiados podrían ser altos y dolorosos.  Y esto, agravado por las características de un Sistema Dominicano de Seguridad Social que parece más beneficioso para la banca que para los trabajadores que se supone que deben ser los protegidos. Esos fondos no están en una bóveda  de las Administradoras de los Fondos de Pensiones, desde donde éstas pudieran sacarlos para distribuirlos. Los fondos de pensiones son, sin lugar a duda, el motor de desarrollo del mercado de valores dominicano en la actualidad. Según las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), al 31 de marzo del 2020, los fondos de pensiones de capitalización individual acumularon una extraordinaria suma que asciende a más de RD$617 mil millones, producto de los aportes de los afiliados, que a la tasa actual del dólar se andaría cerca de los USD$34 mil millones.  Ahora bien, el 38.58% de esos fondos de pensiones están  invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda. Mientras que el 40.94% lo estaban en certificados del Banco Central. Asimismo, un 10.92%, en forma de títulos emitidos por los bancos de servicios múltiples, y un 1.71% a las asociaciones de ahorros y préstamos. Mientras que los porcentajes restantes, estaban invertidos en títulos de bancos de ahorro y créditos, empresas privadas, organismos multilaterales, fideicomisos de oferta  pública, y fondos de inversión. Y todos, con fechas definidas de redención. De manera que entregar el 30% de esa suma significa más de 10 mil millones de dólares. En nuestro país creo que  nunca se han hecho transacciones por ese monto en tan corto tiempo.
El principal problema  sería el impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cuando se dispare una acelerada demanda de bienes y servicios que puede  dar como resultado que el remedio sea peor que la enfermedad, pero hay que tener en cuenta que puede beneficiar a los trabajadores que han tenido trabajos formales estables y han cotizado con regularidad, pero no beneficiaría a  otros trabajadores que por diferentes motivos por ej. amplios  períodos en el sector informal y no han podido aportar a sus cuentas de capitalización individual, si han aportado en algún momento, el monto del ahorro de que disponen es muy bajo, a los más jóvenes que tienen poco tiempo cotizando. ¿Qué porcentajes de los afiliados en nuestro país se encuentran en esa situación? No lo sabemos o por lo menos no se han publicado estudios en ese sentido. Pero tampoco el Diputado Botello ha dicho públicamente si esos retiros tendrán alguna restricción. En otros países de América Latina donde se ha autorizado parte de la entrega de esos fondos como en Chile los fondos de pensiones se redujeron significativamente y una gran cantidad de trabajadores sobre todo jóvenes sus ahorros se redujeron a un porcentaje mínimo. En Perú ocurrió algo similar, aunque se autorizó retiro con restricciones, pero  muchos trabajadores redujeron sus cuentas de capitalización individual a una cantidad mínima. Aunque no conozco los detalles del proyecto de  ley de seguro debe contener algunas políticas que tiendan a recuperar esos fondos para mejorar el monto de las pensiones.
En la actualidad se plantean, razones que han convertido a las administradoras de fondos de pensiones en blancos de muchas críticas. Y la razón principal son sus altas ganancias, que multiplican en varias veces las recibidas por los afiliados, dueños de los fondos.
Ahora bien frente a esta disyuntiva, no sería aconsejable volver al antiguo sistema de reparto fundamentado en la Ley 379 y al régimen de las jubilaciones del IDSS. Ya conocemos la situación actual de esos jubilados. Aunque hay que señalar que este sistema está fundamentado en la solidaridad intergeneracional, es decir los trabajadores activos subvencionan las pensiones de los trabajadores en retiro. El objetivo de los afiliados al sistema de capitalización individual, o al menos debería ser, es obtener una rentabilidad de su inversión inicial superior a la que podría obtener en cualesquiera otra con menor riesgo, por esta razón, se precisa una reforma sustancial de la ley 87-01 que es la que regula la seguridad social, después de una evaluación financiera que arroje resultados  fundamentados en datos reales. En la actualidad existe un proyecto para modificar la ley 87-01. Los legisladores entrevistados en programas de la TV coinciden, por lo menos públicamente,  que son necesarios los cambios estructurales  en las AFP y las ARS sobre todo en esta última para ampliar la cobertura, elevar la calidad y satisfacción de los afiliados y reducir el gasto de bolsillo, es decir la diferencia entre lo que cubre el seguro y  los pagos que las familias realizan directamente para la obtención de bienes y servicios de salud. La variedad de esos bienes y servicios que se cubre con el gasto del bolsillo es muy amplia, incluyendo procedimientos clínicos, consultas, emergencia, rehabilitación, laboratorios, imágenes diagnósticas, medicamentos, vacunas, sangre,  prótesis, lentes, calzados ortopédicos,  entre muchos otros. Asimismo, el aumento en la esperanza de vida ha incrementado el número de adultos mayores, los cuales tenemos una alta prevalencia de enfermedades de alto costo. Es necesario, que se produzca una reducción de las ganancias de esas empresas, exigiendo cambios reales contra las desigualdades, los abusos y los privilegios. Este cambio no será tan fácil, porque se han presentado varios proyectos en ese sentido y han abortado. A la luz de esta experiencia. ¿Esta vez, podríamos contar con una reforma estructural que realmente eleva la protección social?
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