El Ministerio Público presentó acusación, solicitud de apertura a juicio e imposición de medida de coerción contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, investigada por presunto lavado de activos y narcotráfico.
En el documento dirigido al magistrado Napoleón Ricardo Estévez, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia a cargo del caso, el órgano persecutor expone cada uno de los delitos que se le imputan a la legisladora.
Miembro de una red
Según el expediente, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
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El documento describe que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Asimismo se detalla que se comprobó la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer es partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El MP dice haber podido comprobarlo porque “las millonarias sumas no guardan relación con sus actividades productivas e ingresos lícitos conocidos y declarados a las autoridades”.
Fortuna injustificada
El órgano señala que Rosa Amalia Pilarte tenía “pleno conocimiento” de que adquirió varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que tenía como fin “ocultar el verdadero origen de los fondos procedes del tráfico ilícito de drogas”.
La diputada habría colocado en el sistema financiero, según el órgano, más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo “que no puede justificar” pues por su actividad laboral como odontóloga, la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos apuntan que la diputada solo había generado por su trabajo formal y lícito por concepto de salarios hasta el año 2021 solo RD$ 13,571,307.
En el expediente, el Ministerio Público indicó que partiendo de los ingresos declarados por la legisladora imputada, esta pertenecía a una clase media baja, abismalmente contrario a sus movimientos bancarios millonarios y al “desproporcional estilo de vida exhibido tanto por esta como por los demás miembros de su núcleo familiar”.
