En una ofensiva orientada a recuperar el equilibrio del mercado formal y frenar la competencia desleal, la Dirección General de Migración (DGM) y la Dirección General de Aduanas (DGA) han redoblado sus fiscalizaciones a establecimientos comerciales vinculados a irregularidades migratorias y tributarias, especialmente aquellos operados o abastecidos por ciudadanos extranjeros.
La DGM anunció sanciones económicas para los comercios que empleen mano de obra extranjera sin estatus migratorio legal, en aplicación del artículo 132 de la Ley General de Migración No. 285-04, que establece multas de entre cinco (5) y treinta (30) salarios mínimos del sector público.
Las inspecciones recientes en el Gran Santo Domingo derivaron en la detención de 92 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, y se advierte que los operativos se extenderán a nivel nacional
