“
procesal penal”
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 10-15 el 10 de febrero de 2015, una reforma clave que
introdujo modificaciones significativas al Código Procesal Penal de la República
Dominicana, alineándolo con los principios constitucionales de 2010. Esta ley mejoró los
derechos de las víctimas, permitió la participación del Estado como querellante en ciertos
casos y amplió el número de abogados que pueden representar al querellante.
Sin embargo, el 5 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia
TC/0765/24, declarando inconstitucional la Ley 10-15 debido a fallos en su proceso de
formación legislativa. El error comenzó cuando el Poder Ejecutivo envió las observaciones
al Senado, pero, en lugar de remitirlas a la Cámara de Diputados para su revisión, el Senado
las aprobó y las envió directamente al Ejecutivo para su promulgación. Esto quebrantó el
principio de bicameralidad, lo que llevó a la nulidad de la ley.
El Tribunal subrayó que, en particular, el artículo 24 —referente a la intervención de
entidades estatales como querellantes— fue aprobado sin cumplir con el debido proceso
legislativo. Como resultado, el Tribunal otorgó al Congreso Nacional un plazo de un año
para corregir estos vicios y elaborar una nueva legislación conforme a los principios
constitucionales.
A cuatro meses del fallo, en marzo de 2025, la Cámara de Senadores presentó la primera
propuesta de modificación al Código Procesal Penal. No obstante, en la Cámara de
Diputados ya se habían registrado iniciativas puntuales orientadas a modificar el artículo
386 del CPP. Finalmente, cinco meses después del fallo, a finales de abril, se presentó en
esa misma cámara la primera iniciativa de reforma de carácter sustancial.
Este escenario genera dudas: ¿Por qué, ante un fallo tan trascendental, los legisladores
optan por presentar iniciativas separadas en lugar de articular una propuesta integral y
consensuada de reforma procesal penal? ¿Cumplirán los legisladores con el plazo
estipulado? ¿Respetarán el debido proceso legislativo? ¿Lograremos finalmente una
reforma alineada con los valores constitucionales? O, por el contrario, ¿volveremos a caer
en los errores del pasado?
Es fundamental que los ciudadanos mantengamos una vigilancia activa. La reforma del
Código Procesal Penal no solo es una cuestión técnica, sino un reflejo de los valores
democráticos fundamentales para nuestra Constitución. Este es un momento decisivo para
la República Dominicana, donde el respeto a la legalidad y los derechos debe prevalecer. La
ciudadanía tiene el poder de influir en este proceso y garantizar que no repitamos los fallos
del pasado.
Luis Joel Martínez Ogando
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Tel:829-660-6573
