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El fenómeno Bukele y Haití, entre la promesa de seguridad y el desafío de construir

17 de noviembre de 2026 9:05 am Leído
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Estado
Por Hilda Patricia Lagombra Polanco
El fenómeno Nayib Bukele ha reabierto en América Latina un debate fundamental sobre los
límites y las posibilidades del poder estatal frente al crimen organizado. Su experiencia en
El Salvador demuestra el impacto que puede tener una política de confrontación directa
contra las estructuras criminales, pero también plantea una pregunta que trasciende sus
fronteras: ¿puede trasladarse ese modelo a sociedades con realidades institucionales
distintas? El caso haitiano permite examinar esta cuestión y deja una premisa esencial:
recuperar el orden es indispensable, pero sin instituciones sólidas, justicia y respeto al
Estado de derecho, cualquier transformación corre el riesgo de ser temporal.
El respaldo que ha despertado Bukele responde a una demanda legítima. Cuando la
delincuencia condiciona la vida cotidiana, la ciudadanía espera que el Estado garantice
condiciones para trabajar, estudiar y transitar libremente. Proteger a la población constituye
una responsabilidad esencial del poder público y su ausencia erosiona la confianza en las
instituciones.
La experiencia salvadoreña ha despertado especial interés ante la realidad haitiana, donde
las organizaciones armadas han extendido su influencia en medio de una profunda crisis
política, económica y humanitaria. Sin embargo, ambas realidades presentan diferencias
sustanciales. Mientras El Salvador enfrentó una estructura criminal que el Gobierno decidió
combatir mediante una estrategia de excepción, Haití debe afrontar, además, el
debilitamiento de sus instituciones y la pérdida de autoridad estatal.
La participación de El Salvador en los esfuerzos internacionales de seguridad en Haití ha
reavivado el debate sobre la posibilidad de trasladar la estrategia de Bukele a otros
escenarios. Para algunos sectores, su experiencia representa una oportunidad de recuperar
el control territorial. Para otros, plantea dudas sobre la viabilidad de aplicar medidas
concebidas para una realidad distinta, sin considerar las particularidades históricas y
sociales del país receptor.
El modelo salvadoreño registra una reducción importante de la violencia, pero también ha
estado acompañado de un prolongado régimen de excepción, detenciones masivas y
denuncias de violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha expresado preocupación por los efectos de estas medidas sobre las garantías
fundamentales.
Los resultados no deben analizarse al margen de sus consecuencias institucionales.
Tampoco las objeciones a determinadas políticas pueden desconocer el sufrimiento de las
víctimas ni el deber de las autoridades de enfrentar a las estructuras criminales. El
verdadero desafío consiste en ejercer la autoridad con eficacia, dentro de los límites
constitucionales y legales.

En el caso haitiano, una intervención puede contribuir a recuperar territorios, pero no
sustituye la reconstrucción institucional. La población necesita tribunales capaces de
impartir justicia, servicios públicos, oportunidades económicas y autoridades legítimas. Sin
estas condiciones, cualquier avance operativo corre el riesgo de ser transitorio.
Esta es una de las principales lecciones que deja el fenómeno Bukele para la región. Las
estrategias de otros países pueden ofrecer referencias útiles, pero no constituyen fórmulas
universales. Cada sociedad debe encontrar respuestas acordes con su realidad, sin convertir
la excepcionalidad en una forma permanente de gobierno.
Para República Dominicana, esta situación tiene una dimensión inmediata. La proximidad
geográfica y la realidad fronteriza obligan a mantener una política de Estado que combine
protección territorial, cooperación internacional y responsabilidad humanitaria. La
estabilidad del país vecino incide directamente en nuestro entorno económico, social y
estratégico.
Por eso, la discusión no debe reducirse a estar a favor o en contra de Bukele. La cuestión
fundamental es cómo enfrentar el crimen organizado sin debilitar los principios que
legitiman la autoridad pública. La firmeza institucional y el respeto a los derechos
fundamentales no son propósitos incompatibles; ambos forman parte de un mismo deber
democrático.
El desafío no consiste en reproducir el modelo salvadoreño, sino en construir las
condiciones para que las instituciones haitianas puedan ejercer sus funciones y garantizar la
convivencia. La cooperación internacional puede contribuir a ese propósito, pero no
reemplazar el liderazgo ni la responsabilidad de los propios actores nacionales.
El fenómeno Bukele ha puesto sobre la mesa una interrogante que América Latina debe
abordar con seriedad. ¿Cómo restablecer el orden sin sacrificar el Estado de derecho? La
respuesta no estará en importar un modelo, sino en construir instituciones capaces de
garantizarlo. Para República Dominicana, comprender esa diferencia es una necesidad
estratégica.

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