La entrada en vigencia del nuevo Código Penal es una decisión impostergable para
fortalecer la justicia dominicana
Por Hilda Patricia Lagombra Polanco
La discusión sobre la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal ha acompañado a la
sociedad dominicana durante más de dos décadas. En ese tiempo, el país ha experimentado
profundas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, mientras la criminalidad
ha evolucionado hacia modalidades cada vez más complejas. Sin embargo, la principal
norma que sustenta la persecución penal continúa respondiendo a una realidad histórica
muy distinta a la actual.
La República Dominicana no puede seguir postergando una reforma que constituye una
necesidad jurídica e institucional. La promulgación del nuevo Código Penal permitirá al
Estado contar con un marco legal acorde con los desafíos del siglo XXI y ofrecer una
respuesta más eficaz frente a las nuevas formas de criminalidad que afectan la seguridad
ciudadana.
El Código Penal es uno de los pilares del sistema de justicia. En él se establecen las
conductas que constituyen delitos y las consecuencias jurídicas para quienes las cometen.
Cuando esa legislación queda rezagada frente a la realidad social, surgen vacíos normativos
que limitan la capacidad de investigar, perseguir y sancionar eficazmente determinadas
conductas delictivas.
Los miembros del Ministerio Público enfrentan diariamente organizaciones criminales con
estructuras cada vez más sofisticadas, delitos tecnológicos, lavado de activos, trata de
personas, ciberdelincuencia, extorsiones digitales y otras manifestaciones criminales que
hace décadas eran inexistentes o tenían una incidencia mínima. Combatir estos fenómenos
con una legislación concebida para otra época reduce la capacidad de respuesta del sistema
de justicia y dificulta la protección efectiva de la sociedad.
La modernización del Código Penal no solo fortalece la persecución del delito. También
incrementa la seguridad jurídica al ofrecer normas más claras, precisas y adaptadas a la
realidad contemporánea. Un ordenamiento actualizado beneficia a toda la sociedad porque
proporciona mayor certeza sobre las conductas sancionables y garantiza que la actuación de
las autoridades se desarrolle dentro de un marco legal moderno y coherente.
Otro aspecto fundamental es la incorporación de nuevos tipos penales que permitan
responder a conductas que hoy generan graves daños sociales y que no encuentran una
regulación suficiente en la legislación vigente. La delincuencia evoluciona constantemente,
aprovecha los avances tecnológicos y se adapta con rapidez a las nuevas circunstancias. El
derecho penal debe evolucionar con la misma capacidad para impedir que esos cambios
generen espacios de impunidad.
Las principales beneficiarias de esta reforma serán las víctimas. Cada expediente representa
personas que esperan una respuesta oportuna del Estado frente a hechos que han afectado
su integridad, su patrimonio o su vida familiar. Una legislación actualizada fortalece la
capacidad institucional para ofrecer justicia, proteger derechos y responder con mayor
eficacia a las legítimas expectativas de quienes acuden al sistema judicial.
Por supuesto, ningún Código Penal será perfecto. Toda legislación debe ser susceptible de
revisión para responder a la evolución de la sociedad y a los nuevos desafíos que surjan con
el paso del tiempo. Esa posibilidad de mejora permanente constituye una característica
propia de un Estado democrático. Lo verdaderamente preocupante sería mantener
indefinidamente una legislación cuya desactualización ha sido ampliamente reconocida por
operadores del sistema de justicia, académicos y diversos sectores de la sociedad.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas de justicia más sólidos son
aquellos que mantienen sus normas penales en constante actualización. Reformar el Código
Penal no significa únicamente aumentar penas o crear nuevos delitos. Significa construir un
marco jurídico equilibrado que fortalezca la protección de los derechos fundamentales,
preserve las garantías constitucionales y proporcione herramientas eficaces para combatir la
criminalidad dentro del Estado de Derecho.
Naturalmente, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal no resolverá por sí sola los
problemas de seguridad ciudadana. También será necesario continuar fortaleciendo al
Ministerio Público, la Policía Nacional, los organismos de investigación, el sistema
penitenciario, la medicina forense y las políticas públicas de prevención del delito. Sin
embargo, ningún esfuerzo institucional alcanzará su máximo potencial mientras el país
continúe sustentando su política criminal sobre una legislación claramente desactualizada.
La sociedad dominicana ha esperado demasiado tiempo esta reforma. Ha llegado el
momento de cerrar un prolongado proceso de discusión y dotar al país de un Código Penal
moderno, capaz de responder a las exigencias del presente y del futuro. Su entrada en
vigencia constituye una decisión necesaria para fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la
persecución penal, brindar mayor protección a las víctimas y consolidar un sistema de
justicia más eficiente, moderno y comprometido con la defensa del Estado de Derecho.
