?

El proyecto de ley de extinción de dominio sigue generando disensiones en el Congreso Nacional “a pesar de los avances”, debido a que los legisladores aún no logran ponerse de acuerdo en algunos aspectos de la normativa.

Al tratarse de una ley orgánica, para su aprobación se requerirá del voto de las dos terceras partes del quórum en ambas cámaras, sin embargo, al parecer esto se ve lejano, ya que, similar al proyecto de ley del Código Penal, hay opiniones particulares que van más allá de lo que establecen dirigentes de partidos.

A pesar de que el presidente Luis Abinader, máximo líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), favorece la aprobación de la iniciativa, legisladores oficialistas tienen opiniones encontradas entorno a la misma, siendo el talón de Aquiles el tema de la retroactividad. Dicho tema también genera debates en legisladores de otras organizaciones políticas.

La “guerra fría” entre los congresistas, además de la supuesta retroactividad que tiene la pieza sometida por el senador Antonio Taveras, radica también en otros puntos señalados por senadores y diputados así como por representantes de la sociedad civil.

Sobre esas diferencias, se expresaron ayer el presidente de la comisión bicameral a cargo de la normativa, senador Pedro Catrain; el coproponente de uno de los dos proyectos que se estudian en la comisión senador Yván Lorenzo; la secretaría de la Cámara de Diputados y miembro de la comisión bicameral, Soraya Suarez; y el vocero de la bancada reformista y miembro de esa comisión, Rogelio Alfonzo Genao Lanza.

Como representante de la sociedad civil, se pronunció al respecto el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.

Señalan puntos de disensiones

El vocero del bloque de los senadores del PLD, Yván Lorenzo, al referirse al tema de la retroactividad como uno de los puntos de disensiones entre los congresistas, destacó el aspecto de la implementación de la legislación.

Para el senador por Elías Piña, los proponentes no tienen una idea de cómo se implementará: si será a través de los juzgados de instrucción, con las fiscalías ordinarias o si se establecerá un sistema nuevo, donde se instalen tribunales nacionales o regionales.

Cuestionó también el qué pasaría con los bienes de aquellas personas que son extraditadas y consiguen su libertad luego de ponerse de acuerdo con los Estados Unidos.

Al igual que Lorenzo, la diputada del PRM, Soraya Suárez, citó que dentro de los puntos de debates está en quién será el salvaguardia de los bienes que se incauten y qué ocurrirá con ellos.

Entre los partes grises, Genao Lanza mencionó el “ámbito de aplicación”, que son los delitos por los cuales se puede aplicar la legislación. Recordó que el proyecto se circunscribe en los mismos delitos que consigna la Ley contra el Lavado de Activos (Ley No. 155-17).

Sobre las discusiones en torno a la creación de una jurisdicción de extinción de dominio, señaló que hay un sector que sugiere crear una jurisdicción especializada y otro que plantea sea la justicia de corte penal.

Además, otro punto en que los legisladores no han logrado ponerse de acuerdo, según resaltó Genao Lanza, es en el tema de la fase probatoria, ya que “quien tenía que probar cómo adquirió el bien, era el acusado. Y eso va en contra de la presunción de inocencia”.