Un número alto de políticos dominicanos ha estrechado lazos firmes con el narcotráfico durante décadas, formalizando firmes confabulaciones y compromisos con la práctica ilícita de lavado de activos.
Sin la complicidad de la clase dirigente, el avance del crimen organizado en la República Dominicana no habría sido posible sostenerse.
El caso más reciente es el del exdiputado y director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien ha sido vinculado a una red de lavado de activos que, según las autoridades, llegó a acumular inversiones por al menos 10 millones de pesos, además de enviar, semanalmente, aproximadamente 2,500 kilos de cocaína a los Estados Unidos.
Contra ese funcionario, ahora suspendido por el presidente Luis Abinader, la fiscalía de Santiago está solicitando 18 meses de prisión preventiva, junto a otros 20 imputados pertenecientes a una red de lavado de activos.
Igualmente, el diputado Héctor Darío Feliz, de Pedernales, está bajo investigación del Ministerio Público, y se le vincula al caso de narcotráfico destapado por la Operación Falcón.
Su problema devino porque, supuestamente, el dirigente político transportaba en su vehículo a un individuo solicitado en extradición, aunque este alega que sólo le había dado “una bola.
Estos dos últimos casos de los dirigentes políticos recuerdan algo sucedido en el país durante las últimas dos décadas de intensas denuncias que vinculan la política con el narcotráfico.
En mayo de este año se produjo el caso de otro diputado perremeísta, el empresario Miguel Gutiérrez Díaz, quien fue arrestado a su llegada a Miami, Estados Unidos, donde ahora aguarda juicio en una prisión federal, bajo cargos de narcotráfico.


