La justicia y la persecución de la corrupción
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Ángel Lockward
La Justicia dominicana viene con taras que no son el objeto del presente análisis; el efecto de estas aparece en todos los reportes especializados, en las estadísticas y en la percepción de la gente, pero sobre todo, en la opinión de los abogados que litigan.
La mayoría de los jueces incorporados a través de la carrera son buenos y, algunas jurisdicciones funcionan bien a pesar de sus graves limitaciones materiales, el problema está en la cúpula que no obedece a la Constitución y a la Ley, sino a dictados políticos partidarios.
Su ineficacia, como un poder que presta un servicio a la sociedad ha quedado en evidencia en ocasión del Covid 19: está cerrada desde el 17 de marzo y nadie parece necesitarla: Solo han operado cuestiones penales urgentes.
Las cuestiones civiles están congeladas y los referimientos, en la práctica, siguen igual suerte: Eso ha dado lugar a múltiples oposiciones en bancos y acreedores notificadas con el exclusivo propósito de entorpecer y chantajear, pero que sin tribunales, no pueden ser levantadas generando daños económicos terribles.
Lució sospechoso que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) no dejara abierto el Tribunal Superior Administrativo, aunque fuera para conocer en amparo las medidas dictadas por la Administración, puesto que esto es un imperativo constitucional establecido en el artículo 266 numeral 5, de la carta Política, para los estados de excepción.
