¿Quién defiende a los puertoplateños?

Por Sergio Cueto

Puerto Plata atraviesa una etapa de transformación económica y territorial que puede
convertirse en uno de los períodos de mayor prosperidad de su historia reciente. El
turismo continúa expandiéndose y, de manera particularmente visible, crece el sector
inmobiliario: viviendas, torres de apartamentos, hoteles, complejos turísticos,
supermercados, estaciones de combustibles y centros recreativos aparecen por todas
partes.
¡Qué bueno! Es importante cuánto dinero está llegando y cuántos metros cuadrados
se están construyendo, pero ¿quién está representando y defendiendo los intereses
legítimos de los puertoplateños ante esta transformación? Porque una cosa es
promover inversiones y otra muy distinta es representar a una comunidad.
El sector construcción es un agente fundamental de transformación: Genera empleos,
crea activos, impulsa actividades económicas y puede mejorar las condiciones
materiales de una comunidad. Pero también puede traer efectos negativos: escasez de
agua potable, energía, drenaje, tratamiento de aguas residuales, tránsito, espacios
públicos, áreas verdes y servicios municipales; incremento del precio del suelo y de las
viviendas; deterioro del paisaje y, eventualmente, desplazamiento de residentes que
no puedan asumir el nuevo costo de vivir en su propia ciudad.
El Banco Central informó que la actividad económica (IMAE) de julio pasado registró un
incremento interanual de 4.6%, para un promedio acumulado de 4.5% en lo que va de
2026, debido principalmente a la expansión del valor agregado real del sector
construcción (8.1%). En 2025 la construcción tuvo un crecimiento interanual de 14.9 %
y aportó cerca del 30 % de la expansión del IMAE. El volumen de proyectos en
construcción en el país supera los seis millones de metros cuadrados y Puerto Plata
participa activamente de ese dinamismo y su transformación inmobiliaria es cada vez
más evidente.
Precisamente por la magnitud del fenómeno, es importante saber quién habla en
nombre de Puerto Plata cuando se discuten las decisiones que definirán su futuro.
¿Quién coordina al Gobierno central, sus instituciones, el Ayuntamiento, los
organismos reguladores, el sector turístico, los inversionistas, las organizaciones
empresariales, las comunidades y los ciudadanos?
¿Quién establece qué tipo de desarrollo conviene a la provincia y cuáles son los límites
que no deberían sobrepasarse?

¿Quién pregunta, antes de aprobar un gran proyecto, si existe suficiente agua,
capacidad vial, drenaje, energía, tratamiento de aguas residuales, estacionamientos,
áreas verdes y espacios públicos?
¿Quién defiende al residente que terminará pagando un precio mucho más alto por
vivir en el lugar donde nació?
Estas preguntas no pretenden cuestionar la inversión privada. El capital inmobiliario es
indispensable para el desarrollo de Puerto Plata. Pero quien obtiene beneficios
privados de la transformación del suelo debe asumir también las responsabilidades
territoriales, ambientales y sociales que esa transformación genera.
El constructor no puede limitarse a señalar que cumple con los requisitos establecidos
para obtener una licencia. La ciudad no es un conjunto de solares independientes.
Cada torre, urbanización, hotel o centro comercial consume recursos y capacidad de
infraestructura que pertenecen al conjunto de la sociedad.
De ahí que tampoco resulte suficiente presentar atractivos diseños arquitectónicos
que muestran cómo lucirá un proyecto terminado. La verdadera evaluación comienza
cuando se pregunta qué ocurrirá debajo y alrededor de esos edificios: de dónde llegará
el agua, dónde serán tratadas las aguas residuales, cómo se manejarán las aguas
pluviales, qué impacto tendrá sobre el tránsito, qué áreas verdes conservará, qué
infraestructura adicional requerirá y quién asumirá esos costos.
Puerto Plata necesita un espacio institucional permanente de concertación territorial,
con representación plural y reglas claras, capaz de evaluar los grandes proyectos y
defender una visión común de provincia. No para detener inversiones, sino para
garantizar que estas contribuyan también al desarrollo colectivo.
El desarrollo debe generar riqueza privada, pero también bienestar público. Y, sobre
todo, debe asegurar que el futuro de Puerto Plata no sea decidido únicamente por
quienes tienen capital para construirla.