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i aún ronda alguna duda sobre la posibilidad de una confrontación letal directa en Haití entre la esperada fuerza multinacional y las bandas armadas, entonces tómese

18 de agosto de 2023 12:21 pm Leído
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Si aún ronda alguna duda sobre la posibilidad de una confrontación letal directa en Haití entre la esperada fuerza multinacional y las bandas armadas, entonces tómese en serio la advertencia del poderoso líder de la pandilla G9 y Familia, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, cuando dejó claro que, si atacan sus guetos, habrá pelea.

Y es esto lo que República Dominicana no quiere que ocurra allí, porque la zona más cercana para los haitianos escapar de la muerte está en la frontera terrestre, repleta de "huecos", espacios vulnerables por donde podría producirse un éxodo desbordante que cambiaría para siempre la vida, la seguridad y la convivencia social centenaria entre los dominicanos.

Un conflicto armado en Haití implica muchos riesgos y sacrificios económicos descomunales para el Estado dominicano.

Primero, demandaría el repliegue automático de una fuerza compacta que englobe los tres componentes armados, esto es, La Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, más los organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

Despachar tanto personal para una zona en estado de riesgo, a más de 300 kilómetros distantes de Santo Domingo, requiere de muchos gastos, y mantener equipos militares en constante desplazamiento plantea un costo grande en combustible.

Mientras tanto, en el interior de los pueblos, la Policía tendrá que estar más alerta, porque el número de ilegales, ladrones y delincuentes de todo tipo ha crecido a ritmo escandaloso en la zona fronteriza.

Al tratarse de un asunto de seguridad nocional y soberanía, El montaje de la logística, abastecimiento y alimentación de tropas durante el tiempo que se prolongue un eventual estallido armado en la parte haitiana, afectaría fuertemente el presupuesto del Ministerio de Defensa y los aportes adicionales que habría que hacer en momentos de emergencia nacional.

También, el gobierno tendría que implementar e intensificar medidas de protección de los ciudadanos dominicanos radicados en la frontera, montando programas de asistencia en una gama de servicios esenciales, entre estos alimentos, salud y transporte.

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