Entre las acusaciones del Ministerio Público en contra de los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) imputados de corrupción administrativa figura la distracción de montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas.
Así lo establece el expediente de solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva contra los 20 imputados, y que el caso sea declarado complejo.
Según la acusación, los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación preliminar, se coalicionaron para distraer del Estado, en una primera partida, quinientos veintisiete millones, seiscientos noventa y cuatro mil, ochocientos treinta y ocho pesos (DOP 527,694,838.00).
¿Cómo desviaron los montos?
Para lograrlo, consiguieron que el imputado Víctor Matías Encarnación Montero, director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), “realizara volumetrías falsas de obras, incluso de obras cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura”.
“Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano”, dice el expediente.
El Ministerio Público asegura que los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Víctor Matías Encarnación Montero y Daniel Omar de Jesús Caamaño, cometieron estas acciones distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas, las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda, que el constructor no había solicitado, y que fueron realizadas sobre una volumetría inexistente.
“Estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero de acuerdo con las evidencias, la mayoría de las documentaciones fueron antedatadas con fecha del año 2018, esto para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del año 2019, bajo ese concepto, no se podía pagar en ese mismo año”, detalla la acusación.
Las autoridades judiciales afirman que la “propuesta realizada al señor Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había construido desde la Oisoe, que justificarían a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran cubicaciones maniobradas con falsedad de contenido”.
Asimismo, se establece que los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Peralta solicitaron decenas de millones de pesos al señor Bolívar Ventura, pero al este indicar que no era posible mover esas cantidades en efectivo, por la ley de lavado de activos, se dispone hacer contactos con el administrador del Banco de Reservas de ese entonces, Simón Lizardo, quien a su vez delegó la asistencia en el contralor del Banco de Reservas, el imputado Andrés Guerrero.
El Ministerio Público afirma que ese “fue el inicio de la operación de lavado más grande, cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano”.
¿Quién es el ingeniero Bolívar Ventura?
El ingeniero Bolívar Ventura era uno de los principales constructores del Estado dominicano, a través de sus empresas: Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC.
Las deudas que el Estado dominicano tenía con las empresas del ingeniero eran en principios basados en contratos que datan de más de 10 años.
Según el Ministerio Público, la deuda fue aprovechada por los encartados para sobornar al ingeniero, a quien le prometieron pagarle, a cambio millones de pesos, recursos que estarían destinados para las elecciones internas del PLD del año 2019, específicamente en apoyo al entonces precandidato presidencial, Gonzalo Castillo Terrero, “lo que evidentemente constituye una estructurada operación de soborno”.
