En el reinicio de los tra­bajos de la Cámara de Di­putados, salieron a luz nuevamente una serie de proyectos de ley, con rele­vancia significativa, que las comisiones permanen­tes han evitado estudiar.

Unos 25 proyectos de ley han sido ignorados por las comisiones de tra­bajo de la Cámara de Di­putados, ya que ni si­quiera han rendido un informe de gestión sobre cada una de estas piezas legislativas.

Desde proyectos de ley orgánica, como el del Mi­nisterio de Interior y Policía y el de la Policía Nacional, a leyes como el Código Civil o sobre derechos de partici­pación ciudadana, los legis­ladores de la Cámara Baja tienen compromisos pen­dientes que vienen pospo­niendo.

El mismo presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, alentó a los miembros de las dife­rentes sesiones que fueron apoderadas de estos pro­yectos de ley con importan­cia para toda la sociedad dominicana, a que los es­tudien y debatan para que pronto puedan ser aproba­dos.

Dentro de la lista apa­recen los proyectos de ley orgánica del Ministerio de Interior; de la Policía Na­cional; de Seguridad y De­fensa Nacional de la Repú­blica Dominicana; sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social; de Fisca­lización y Control del Con­greso Nacional; de Cámara de Cuentas y del Tribunal Superior Electoral.

También aparecen pro­yectos de ley como el que modifica la ley general de Telecomunicaciones; de Código Civil; que modifi­ca los montos pecuniarios sobre las cuantía de multas de tránsito; de Cheques; de Agua Potable y Sanea­miento; de la Ciberseguri­dad contra la Ciberdelin­cuencia y uso de medios digitales en el Poder Judi­cial.

Además aparecen dos proyectos que, en coyuntu­ras del pasado, han acapa­rado la atención de la socie­dad, pero nunca se llegaron a consolidar, se trata de los que derogan las exoneracio­nes para la adquisición de vehículos de motor por los miembros del Congreso Na­cional y otro que las reduce a solo una exoneración con valor limitado.

A cada uno de estos pro­yectos de ley, la Cámara de Diputados decidió, por ini­ciativa de su presidente, ex­tender el plazo ordinario pa­ra rendir un informe.

Más allá de que rendir in­formes sobre proyectos de ley es una de las responsa­bilidades de los legislado­res, el no hacerlo no tiende a conllevar ningún tipo de sanción o penalidad.