La cruzada que se planteó el Gobierno de Luis Abinader, en una forma de guerra frontal contra la corrupción y cualquier otro rastro o sospecha de irregularidades en la gestión pública, está mostrando fuerza de hechos con el desfile continuo de ciudadanos ante los entes de la investigación vinculados a la Procuraduría General de la República.
Estas acciones, con características de movimiento de pinza en una batalla a plena flor contra el flagelo, quedan evidentes en las citaciones a comparecencia simultánea a declarar ante fiscales, que de camino aplaca una ola de reclamos y baja el nivel de ansiedad de la población.
A 81 días hoy de la asunción del nuevo Gobierno, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca) y la Dirección de Persecución trabajan a toda capacidad con al menos 40 fiscales para los interrogatorios, superando en creces las limitaciones extremas que obstruían su desempeño, cuando apenas había 11 en acción.
Con las citaciones a declarar ante los entes de investigación, en una variable de corrupción, sobornos y casos de declaraciones juradas de bienes, el Ministerio Publico está proyectando una idea sobre el curso irreversible de estos procesos.
