SCJ busca establecer controles para ejercer abogacía

 

 

 

 

SANTO DOMINGO. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) sometió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone regular el ejercicio de la abogacía y la notaría en la República Dominicana, iniciativa que sugiere se incluya dentro de las priorizadas para 2014.

De ser aprobada, no será posible acceder al ejercicio de la abogacía, sin haber obtenido el título de licenciado o doctor en derecho, y sin cumplir con los demás requisitos previstos en la ley. El título por sí solo no autorizará el ejercicio de la profesión.

Tampoco será posible ejercer la abogacía sin haber realizado una pasantía de dos años, y haber aprobado un examen de reválida. La pasantía deberá ser realizada en una institución vinculada al funcionamiento de los tribunales o al proceso de reforma judicial, con el objetivo de adquirir conocimientos y lograr experiencia con relación a la práctica judicial y el sistema de justicia.

Los objetivos de la pasantía son garantizar que el pasante se familiarice con el funcionamiento práctico del sistema de justicia. Las oficinas privadas de los abogados podrán ser acreditadas como centro de pasantía con la aprobación y supervisión de las cortes de apelación de cada Departamento judicial, sin perjuicio de que el órgano central encargado del control de las pasantías inspeccione directamente a dichas oficinas y las certifique con calidad para la acreditación para tales servicios.

De acuerdo con el proyecto de ley, será necesaria la autorización de una Comisión de Reválida -que será creada- para el ejercicio de la abogacía en el país. Esta comisión estará autorizada a intervenir en las diferentes etapas de la regulación prevista en la ley.

La Comisión de Reválida la integrarán el presidente de la SCJ; el director de la Escuela Nacional de la Judicatura; el encargado de Oficiales de Justicia del Consejo del Poder Judicial; el Procurador General de la República; el director Nacional de Defensa Pública; el presidente del Colegio de Abogados y un decano de una Escuela de Derecho de las Universidades acreditadas legalmente, y que sea elegido libremente por sus homólogos.

La propuesta establecería, asimismo, la educación continua y la reválida quinquenal, ya que la primera reválida no otorga un derecho irrevocable ni permanente.

Quedará automáticamente sin efectos en caso de no reválida en el plazo de cinco años, y podrá ser cancelada por la comisión de faltas.

Dispone, además, que sólo los abogados en ejercicio que acrediten su participación en programas de educación continua, en cursos que alcanzaren no menos de 600 horas reales cada año calendario, serán admitidos a renovar su título para continuar en el ejercicio de la abogacía.

El proyecto sometido por la Suprema Corte de Justicia establecerá los derechos y deberes de los abogados y notarios, los honorarios que han de cobrar por casos, sanciones para las faltas cometidas por los abogados y las reglas para someterlos a un juicio disciplinario.

La propuesta está motivada en la baja calidad de los profesionales del derecho y su masificación, que ha tenido como consecuencia la pérdida de confianza en sus servicios.

finalmente sobre la baja calidad de los profesionales del derecho.

Expresa la propuesta, enviada por la Suprema Corte de Justicia a la Cámara de Diputados, que la baja calidad de los abogados se expresa diariamente en el mal funcionamiento del sistema de justicia, y que se hace necesario superar ese fenómeno, logrando mayor capacitación de los profesionales del derecho, reivindicando la valoración que tiene la sociedad sobre estos profesionales, y por vía de consecuencia recuperar la confianza en ellos.

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