Alberto Quezada
El mal llamado periodismo ciudadano de un tiempo a esta parte viene produciéndole una herida de muerte al ejercicio del periodismo profesional y ético y nadie le pone un pare a esta situación.
En este se les asignan a las audiencias sin preparación funciones reporteriles basadas en la instrumentalización del oficio, originando el facilismo y menoscabando el rigor, la formación y el trabajo responsable que debe acompañar al periodista, con el propósito de ampliar el marketing.
La fórmula mágica la replican los usuarios: virulencia, descalificación, violación de los derechos o alusión al morbo citando a los personajes más controvertidos.
Que no se alegue respeto a la libertad de expresión, porque aquí todo el mundo sabe que esta es una sociedad liberal, abierta y democrática, donde se le permite a cada quien exponer su punto de vista siempre y cuando respete las normas y leyes vigentes.
Aquí hay que poner las cosas claras, zapatero a su zapato, no es posible que en pleno siglo XXI la profesión de periodista siga siendo la más usurpada y los tomadores de decisiones como son e l Colegio Dominicano de Periodista, los dueños de medios, sigan mirando esto como quien ve llover.
Eso no puede ser. No le hace bien a los medios ni a los reporteros la usurpación de quienes con otros papeles sociales se creen tanto o más periodistas que los que se formaron para el oficio, y que además quieren sentar cátedra sobre cómo ejercerlo.
De igual manera, el uso indiscriminado de información dura, de opiniones y comentarios disfrazados de interpretación es otro factor que contribuye a la crisis del periodismo que estamos viviendo. Otras veces son los mismos periodistas, que en ausencia de hechos y de trabajo reporteril, le venden el alma al demonio del clic y acuden al escándalo, al espectáculo, a la autovictimización o a los contenidos agresivos con tal de ganar vistas.
Pero tampoco es saludable para la democracia que los trabajadores de los medios, presos de la vanidad, el sectarismo, el oportunismo o el fanatismo, se sientan con la autoridad moral para fungir como activistas, jueces, políticos o relacionistas públicos.
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