Las figuras más notables en la composición de mando a su máximo nivel, durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina, han terminado en el banquillo de los tribunales bajo graves cargos de corrupción administrativa.
El exministro de Hacienda Donald Guerrero, y el ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a quienes les fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva, al ser vinculados en el caso de la Operación Calamar, les será conocida la revisión obligatoria de la medida de coerción el 4 de julio próximo.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras dictar medida de coerción en su contra, para ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres, le dio calificación de complejo al caso.
La magistrada dispuso que la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción, conozca la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada a los ex funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, cuya jueza tendrá el control de las investigaciones.
De su lado, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, dijo que la decisión de la jueza corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público sobre la seriedad y la contundencia de la investigación en contra de los encartados en acto de corrupción.
“El tribunal rechazó todos los incidentes que habían planteado la barra de la defensa, los pedimentos de nulidades, de exclusión, de no valoración de los testigos; todos esos pedimentos fueron rechazados por el tribunal”, expresó la directora de Persecución.
Asimismo, la jueza Kenya Romero, dispuso el arresto domiciliario del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos, bajo la modalidad de contrato e impedimento de salida, sin autorización judicial.
Mientras tanto, al ex ontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, que tiene en su defensa al abogado Carlos Olivares, tendrá impedimento de salida del país y el pago de garantía económica de cuatro millones de pesos, bajo la modalidad contrato.
Al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, le fue impuesto arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
