A la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción le parece “en extremo sospechoso” el alquiler de un inmueble que hizo el general Juan Carlos Torres Robiou, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), a uno de los implicados en la “Operación Coral”.

Se trata del alquiler de un inmueble ubicado en El Portillo, en la playa Las Terrenas, en Samaná, por la que el general paga la suma mensual de 3,000 dólares.

“El referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (CESTUR) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, ha establecido el Ministerio Público en su investigación sobre el mayor general Adán Cáceres, jefe de escolta del expresidente Danilo Medina.

En la “Operación Coral”, donde fue detenido el mayor general Cáceres, se señala como una de las instituciones usadas para estafar al Estado al CESTUR, con el supuesto nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, que luego debían retribuirle al entramado estafador entre el 70 y 80 por ciento del dinero cobrado al Estado.

Otra institución usada  para esos fines fue el CUSEP, el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, que dirigía el mayor general Cáceres.

En esa institución, según la investigación de la Procuraduría, se usaba el mismo esquema: se nombraban a personas y luego tenían que devolverle al entramado altas sumas de dinero.