Durante la tarde del pasado martes dos de octubre la Procuraduría General de la República interrogó por primera vez al empresario José (Jochi) Gómez Canaán con relación al accionar de su empresa, Transcore Latam, en la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Entrada la noche de ese martes se daba la información de que Gómez había sido detenido en la sede del Ministerio Público; casi al unísono, trasciende la noticia del allanamiento en la residencia del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, que resultó en su apresamiento debido a su participación en la licitación ganada por Transcore Latam.
Entre el final del miércoles y el inicio del jueves el Ministerio Público confirmaba la activación de la “Operación Camaleón” en donde, junto con Gómez y Beras, se habían detenido a otros cinco implicados, acusados de cometer delitos de alta tecnología, lavados de activos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el estado a través de las contrataciones públicas con las que fueron favorecidas esas empresas.
Unos ocho días después del inicio de esa operación, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, decidirá o no si envía a los siete implicados a prisión preventiva como medida de coerción como lo solicitan las autoridades.
Tras dos días de audiencias, en donde las autoridades y la defensa expresaron sus respectivos puntos, la jueza leerá el fallo este jueves.