En Perú siguen contenando a los presidentes presumiblemente corruptos, pese al suicidio de Alan Garcia

Un juez impuso este viernes 36 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski mientras es investigado por presunto lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal en un caso vinculado a Odebrecht, pese a que el exmandatario está hospitalizado.

La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez, quien consideró que existen evidencias de que Kuczynski (2016-2018) , quien se encuentra en una clínica de Lima, «hizo actos de conversión» de activos, ocultó y dio información falsa, y no cuenta con arraigo en el país, ya que su esposa y su familia residen en Estados Unidos.

El juez señaló que Kuczynski, de 80 años, puede ser atendido en prisión de los problemas de salud que llevaron a que permanezca internado en una clínica de Lima después de que la semana pasada se dictaran 10 días de detención preliminar en su contra.

El magistrado rechazó aplicar una medida similar contra la secretaria y el chofer del exgobernante, Gloria Kisic y José Luis Bernaola, respectivamente, quienes son investigados por presunto lavado de activos en la modalidad de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado.

Chávez ordenó que Kisic y Bernaola afronten la investigación con comparecencia restringida.

Los tres están imputados por su presunta implicación en lavado de dinero de posible origen ilegal de Odebrecht a través de consultorías a nombre de Westfield Capital, la empresa de Kuczynski registrada en Estados Unidos, cuando este era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

La Fiscalía sospecha que las consultorías, que ascendieron a 782.000 dólares entre 2004 y 2007, son supuestamente unos pagos con apariencia de legalidad para obtener los favores de Kuczynski en la adjudicación de grandes obras públicas cuyas licitaciones obtuvieron mediante sobornos.

Concretamente Kuczynski es investigado por las adjudicaciones del proyecto de irrigación Olmos y la carretera interoceánica del sur, por la que Toledo recibió supuestamente 20 millones de dólares en sobornos.

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