El voto preferencial

 

 

 

 

 

 

Enrique Rivera,

dirigente PRD
El sistema del voto preferencial sin efectivas  regulaciones,  tal como se ha venido

aplicando en el país desde el 2002, abre las puertas a  la compra de candidaturas

y voluntades, trasiego de votos a preferidos,   predominio  de fuertes grupos

económicos, tráfico de influencias,  penetración  del narcotráfico,  canibalismo a lo

interno de los partidos y afectación  a  la aplicación de las cuotas de género.

El dinero se convierte en el motor principal que equilibra o desequilibra la competencia

política, dinero que no aportan las direcciones de los partidos a los Diputados, solo

al Senador,  por lo que dichos candidatos a Diputados  no tienen que agradecerle a

sus  organizaciones,  sino a quienes le costearon económicamente la campaña, lo que

es un verdadero atentado al sistema de partidos políticos al generar inequidad en la

competencia interna, afectando lógicamente la democracia.

Convirtiéndose así  los Diputados clientelistas  en Diputados de gestiones de

favores económicos no en hacedores de leyes y fiscalización a favor de las grandes

mayorías del pueblo. Por eso el sistema preferencial  sin efectiva regulaciones  viene

demostrando que no mejoran la representación.

La competencia, en vez de ser entre aspirantes de partidos contrarios, se produce

una guerra  entre compañeros, guerra de dinero y todo tipo de trampas, imponiéndose

quienes más recursos económicos  tengan, sin ninguna regulación por parte de

la JCE, como la gran contradicción de que los Diputados tengan que arrastrar al

Senador, todo lo cual desvirtúa   el sentido de participación justa y democrática.

La experiencia latinoamericana de las últimas décadas indica que Brasil, Chile,

panamá y Perú que tienen ciertas regulaciones desde hace tiempo, intentan dejar de

aplicarlo y otros como Colombia, El Salvador y Costa Rica han tenido que ampliar

con más rigurosidad  las regulaciones, para tratar de evitar que  el candidato con más

dinero, legal o ilegal tenga ventajas y vulnere la competencia democrática.

La encrucijada que tiene el país para que los partidos puedan volver a participar  en

otros procesos electorales presidenciales,  dependerá  de la aprobación de la Ley de

Partidos Políticos; Ley de Garantías Electorales y modificación de la Ley Electoral,

penalizando el uso de los recursos públicos en las campañas políticas  por parte del

partido en el poder, incluso la compra de partidos pequeños usando los recursos del

Estado.
al.

Enrique Rivera ex diputado Provincia Puerto Plata

16-9-13

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