En medio de la enorme crisis de salud, económica y social por la que atraviesa nuestra Nación con motivo de la llegada al país de la pandemia producida por el coronavirus Covid-19, para superar la cual nuestro pueblo deberá aferrarse, como nunca antes, a sus valores cristianos, implorando al Señor Todopoderoso amparo, aliento y misericordia, al tiempo de enfrentar con mucho esfuerzo colectivo, valor, estoicismo y disciplina este gran trance, se ha presentado una situación institucional, también muy difícil, resultante del desarrollo del calendario electoral que estaba en curso al inicio de la crisis y que se hibrida con el todavía más sensible tema del inexorable término del actual mandato constitucional del Presidente y Vicepresidente de la República, los Senadores, Diputados y Miembros de Parlamento Centroamericano, el próximo 16 de agosto, por disposición clara, expresa e inequívoca del artículo 274 de la Constitución.
Al parecer esta terminante disposición constitucional ha preocupado tanto al Palacio Nacional, que, en las últimas semanas, se han generado una serie de teorías absurdas en torno a lo que debería suceder en el extremo escenario, por nadie deseado, de que no pudieran celebrarse las elecciones pautadas para el próximo 5 de julio y sobrevenga la fecha del 16 de agosto en la cual termina inevitable, indefectible e indiscutiblemente el actual período constitucional, sin que hayan sido electas nuevas autoridades ejecutivas y legislativas.
