Editorial : El inventario de extranjeros

 

 

La Junta Central Electoral (JCE) iniciará esta semana el levantamiento de los nacimientos oportunos y tardíos de hijos de extranjeros registrados en República Dominicana desde 1929, con lo que se daría cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena también regularizar la situación migratoria de esas personas. Se trata de una ardua tarea que consiste en revisar página por página todos los libros del Registro Civil durante un periodo de 84 años para identificar con nombres y apellidos a los inmigrantes indocumentados y sus descendientes que según la sentencia carecen de la nacionalidad dominicana.

Esos trabajos incluyen revisar todos los libros de extranjería y de cedulación, con lo que se espera que en un plazo de 30 días la JCE pueda presentar el número de hijos o descendientes de indocumentados, lo que serviría de base para la Ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Irregulares.

Es esta la parte de la sentencia del TC que demuestra que en ningún modo se procura despojar a extranjeros de lo que según ese fallo no tienen; por el contrario, lo que se ordena es dotar a esas personas del instrumental jurídico de legalidad para que mantengan o consoliden su arraigo con el territorio nacional.

Los inspectores de la JCE tendrán que revisar en tan breve plazo un total de 58,914 libros para poder extraer la cantidad exacta de hijos de extranjeros indocumentados, cuyo número sería mayor que los veintidós mil señalados inicialmente, pero mucho menor que las estrambóticas cifras que lo sitúan por encima de los 400 mil.

Se ha dicho que la JCE ha avanzado esos trabajos y que podría presentar el informe final al Consejo Nacional de Migración en un plazo de dos semanas, pero lo aconsejable sería no apresurar una tarea sobre cuyos resultados descansa la efectividad y validez del mandato del Tribunal Constitucional de garantizar la estabilidad a esos indocumentados.

Es claro que la sentencia en materia de control constitucional refuerza y esclarece el alcance del concepto de nacionalidad y en particular la figura del Jus Solis, además de consolidar la frontera jurídica que garantiza ese precepto esencial de la dominicanidad.

Es importante que quede consignado en la conciencia nacional que la sentencia del Tribunal Constitucional ordena a Gobierno y justicia abordar y ofrecer a través de un Plan Nacional de Regulación Migratoria la garantía necesaria para que la población de hijos y descendientes de indocumentados, que data de 84 años, pueda acceder a la residencia legal y a la posibilidad posterior de la ciudadanía.

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