Augusto Vásquez
Podría interpretarse como una reanudación a la política de un gobierno que comienza y que ha hace énfasis en la persecución de la corrupción de funcionarios que ocuparon posiciones en el anterior gobierno con miras a sancionar a los actores que cometieron actos ilícitos contra el Estado desde el gobierno o los gobiernos que propiciaron y modificaron dos veces el denominado PEPCA que tuvo como directores a los doctores Octavio Líster Henríquez, Otoniel Bonilla y Jesús Féliz Jimenez. Es correcto proceder contra quienes lo hicieron, pero sin afectar las buenas y positivas acciones que ha esperado durante años el pueblo.
Existen decretos y leyes creados en 1997 por el presidente Leonel Fernández, tomando en cuenta que los países signatarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptaron en Caracas, Venezuela, la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por la República Dominicana en 1998. En el 2007 el ex presidente Leonel Fernández Fernández, en el mes de julio , fue modificado este departamento, creando la actual Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA).cuando el primer mandatario del Partido de la Liberación Dominicana volvió al poder para su segundo gobierno y lo hizo el ex presidente Danilo Medina Mediante Resolución 0003, del Consejo Superior del Ministerio Público, emitida el 4 de febrero de 2013, se eleva para que en lo adelante se denomine Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). cambiando términos y nombre del organismo persecutor en el 2013, cuál fue el resultado.
El caso más sonado fue el soborno a legisladores y funcionarios del gobierno del ex presidente Danili Medina fue revelado en el 2016 que hizo la afamada compañía de origen brasileño ODEBRECHT, que produjo el máximo escándalo de corrupción, los fiscales y funcionarios actuar en horas de la madrugada para pasar a muchos de los supuestos responsables, todos civiles, 14 en total de los cuales fueron dejado fuera del expediente seis luego de haber permanecido algunos de ellos más de un mes de recluidos en cárceles del país, otros supuestamente enfermos dejados en sus residencias.
Desafortunadamente no ha terminado ese caso pues ahora vuelve a los tribunales y quién puede atreverse a decir que sucederá.
Es importante que el tiempo sea aprovechado al máximo por las autoridades del gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Dominicano, que exclusivamente se encarguen los designados para hacerlo y los protagonistas funcionarios que hoy aparecen con frecuencia en los medios de comunicación, se ocupen de sus obligaciones para lo que fueron designado, ya que el tiempo apremia en los cuatro años para los que fue electora del presente gobierno no será suficiente para todos los casos denuncias, más lo que falten, ya que el proceso de investigación, sometimiento y comprobación en los tribunales no es cuestión de tres o cuatro semanas o meses.
De manera que lo ideal es trabajar y los organismos especializados dependiente de la Procuraduría General de la República, hagan lo que tienen que hacer, con las pruebas que dicen tener y condenar a todos los responsables, sin que se dicten sentencia previa en los medios de comunicación y luego resulten inocentes, pues hay que cuidar a los inocentes y condenar los que realmente resulten culpables, pero que lo hagan los tribunales no incurrir en que lo se ha practicado en el pasado sindicado personas que ni siquiera tuvieron nada que ver con acciones ilícitas con los bienes del pueblo durante los gobiernos pasados.
