De carcelero a preso en diez meses

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Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, está en el candelero y el ojo público, envuelto en el epicentro de una investigación de entramado de corrupción denominada Medusa, donde figuran como acusados él y sus principales colaboradores.

Rodríguez y seis personas están acusados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Entre los investigados se encuentran además de Jean Alain Rodríguez, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solado Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña, Alejandro Martin Rosa Llanes, Braulio Michael Batista Reyes, Maria Josefina Azar Díaz y Johannatan Loanders Medina Reyes.

También Altagracia Guillen Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno, Ney Ernaldo Caccavelli Guevara y Altagracia Guillen Calzado.

Parte del equipo que hoy está siendo investigado comenzó con Rodríguez en funciones públicas desde su paso por el entonces CEI-RD, en la primera gestión de Gobierno de Danilo Medina.

Muy cuestionado
Desde su designación como procurador general de la República en agosto del 2016, Alain Rodríguez y su gestión han sido blanco de cuestionamientos y controversias vinculadas a su desempeño en el cargo.

Una de las sombras de su gestión es la construcción de la cárcel La Parra, ubicada en Guerra, el recinto carcelario que reemplazará la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

A esta nueva edificación, construida con el dinero pagado por Odebrecht, se le cuestiona desde la estructura hasta la ubicación, el nombre y la forma en que operaría, señalando expertos que en la actualidad no se construyen cárceles de tal magnitud.

Alain Rodríguez fue, y sigue siendo, altamente cuestionado por la elaboración y manejo del caso Odebrecht en el que tanto acusados como actuales autoridades afirman hubo manipulación de información, manejo negligente de los recursos disponibles para profundizar las pesquisas, mala instrumentación y selección discriminada de los acusados.

En este caso uno de los grandes cuestionamientos fue el manejo a las delaciones premiadas y todos los recursos que tanto Odebrecht como la prensa local e internacional pusieron a disposición, también el archivo definitivo con el que benefició a ocho de los acusados.

Alain Rodríguez en este caso ha pasado de ser el acusador a ser el acusado durante el conocimiento del juicio de fondo que se sigue a los acusados por los sobornos de $92 millones de dólares entregados por Odebrecht para efectuar obras en el país.

Todos los imputados en el caso han señalado al ex procurador durante sus ponencias de defensa, y lo han catalogado como perverso, incoherente, corrupto y otros agravios por supuestamente elaborar expedientes acusatorios que carecen de veracidad y sustentos.

Algunos de los imputados han llevado sus argumentos más lejos, como el caso del empresario Ángel Rondón, quien reveló durante su defensa que Rodríguez le ofreció pactar un acuerdo para acusar a dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y así sacarlo del caso.

Aunque el más sonado de sus escándalos es el que protagonizó al cuestionar en el Consejo Nacional de la Magistratura la honestidad de Miriam Germán Brito, haciendo de la entrevista un interrogatorio, Rodríguez y su gestión tuvieron otros capítulos espinosos.