Corte de Apelación Revoca Prisión Domiciliaria en Caso Antipulpo

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La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió una orden de revocación de la prisión domiciliaria para los exfuncionarios Carmen Magaly Medina Sánchez y Fernando Rosa Rosa, quienes estaban involucrados en la supuesta red de corrupción administrativa conocida como Antipulpo. La decisión se basó en varios aspectos considerados por el tribunal.

El juez Luis Omar Jiménez, quien presidió la sala, explicó que la revocación de la prisión domiciliaria se fundamentó en la razonabilidad de las medidas de coerción. En sus palabras, cuando los jueces toman decisiones, deben satisfacer equitativamente tanto a las partes acusadoras como a los acusados, alcanzando un 50% de satisfacción para cada una.

Jiménez cuestionó si, en el caso de Rosa y Medina, el principio de razonabilidad se aplicaba, dada la larga duración de las medidas coercitivas que habían estado en vigor desde diciembre de 2020. Se preguntó si el arresto domiciliario, mantenido durante tanto tiempo, limitaba de manera razonable los derechos y prerrogativas legales de los acusados en el proceso judicial.

El magistrado también destacó que las decisiones judiciales no deben estar influenciadas por los intereses de ninguna de las partes. Argumentó que el interés procesal de una parte no puede llevar a los jueces a interpretar las normas procesales de manera que restrinja la libertad.

Jiménez expresó su preocupación de que el arresto domiciliario, en la práctica, se convierte en una forma de prisión preventiva, ya que el tiempo bajo esta medida se descuenta de la eventual sanción impuesta al final del proceso. Esto no es el propósito de las medidas de coerción, que no deben convertirse en una prisión anticipada.

Por lo tanto, el tribunal decidió acoger la apelación de los acusados y mantener como “medida idónea” las garantías económicas y el impedimento de salida impuesto a ambos imputados, mientras que revocó la prisión domiciliaria.

La garantía económica para Medina consiste en 60 millones de pesos a través de una aseguradora, mientras que para Fernando Rosa es de 30 millones. Antes de la decisión del tribunal de segunda instancia, Carmen Magaly Medina Sánchez juró ante la Corte de Apelación que no se sustraería del proceso una vez que se le levantara la prisión domiciliaria, la cual tenía desde diciembre de 2020.

Ambos exfuncionarios estaban vinculados a una red que, según el Ministerio Público, otorgó contratos de manera irregular a las empresas de Alexis Medina Sánchez, quien suministraba equipos, suministros y combustibles a instituciones públicas durante los dos gobiernos de Danilo Medina.