La justicia y la persecución de la corrupción

Ángel Lockward

 La Justicia dominica­na viene con taras que no son el objeto del presente análi­sis; el efecto de estas aparece en todos los reportes es­pecializados, en las estadísticas y en la percepción de la gente, pe­ro sobre todo, en la opinión de los abogados que litigan.

La mayoría de los jueces in­corporados a través de la carre­ra son buenos y, algunas juris­dicciones funcionan bien a pesar de sus graves limitaciones mate­riales, el problema está en la cú­pula que no obedece a la Consti­tución y a la Ley, sino a dictados políticos partidarios.

Su ineficacia, como un poder que presta un servicio a la socie­dad ha quedado en evidencia en ocasión del Covid 19: está cerra­da desde el 17 de marzo y na­die parece necesitarla: Solo han operado cuestiones penales ur­gentes.

Las cuestiones civiles están congeladas y los referimientos, en la práctica, siguen igual suer­te: Eso ha dado lugar a múltiples oposiciones en bancos y acree­dores notificadas con el exclu­sivo propósito de entorpecer y chantajear, pero que sin tribu­nales, no pueden ser levantadas generando daños económicos terribles.

Lució sospechoso que el Con­sejo del Poder Judicial (CPJ) no dejara abierto el Tribunal Supe­rior Administrativo, aunque fue­ra para conocer en amparo las medidas dictadas por la Admi­nistración, puesto que esto es un imperativo constitucional esta­blecido en el artículo 266 nume­ral 5, de la carta Política, para los estados de excepción.

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