Juez decide mantener en presión acusado robo 950 kilos cocaina

DicanUna jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo dispuso   el mantenimiento en prisión del exjefe de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican) y de un fiscal adjunto, acusados de la sustracción de 950 kilos de cocaína.

La magistrada Indhira Montás tomó la decisión al ratificar la prisión preventiva dictada en contra del excoronel Carlos Fernández Valerio y del fiscal adjunto Máximo Antonio Díaz, alegando que ellos no cuentan con suficiente arraigo que pueda justificar una libertad pura y simple.

Asimismo, la magistrada fijó para el próximo 8 de mayo la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada en contra de Bárbaro Torres Beltrán, Pedro Almánzar González y Félix Humberto Paulino López.

La jueza tomó la decisión alegando que algunos de ellos no fueron representados por sus abogados y que otro no fue trasladado al tribunal.

También se informó que el exfiscal Ramón Veras Castro y el mayor Luciano Gómez Cabrera desistieron de que se les conociera la revisión obligatoria de la medida de coerción, al tiempo de intimar a la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo a presentar acusación en contra de los imputados.

Mientras eran trasladados del tribunal varios reclusos que esperaban en una celda el conocimiento de medidas de coerción y de juicio vociferaron ladrones y delincuentes a los implicados en el caso Dican.

Se recuerda que el pasado 17 de enero, la magistrada Wendy Martínez Mejía, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, quien fue designada como jueza de la instrucción,  dictó un año de prisión preventiva en contra de los imputados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel de Najayo y la cárcel del nuevo modelo de San Pedro de Macorís.

Posteriormente, la jueza ordenó la libertad del cabo Agapito Muñoz Evangelista y de la raso Raidirys García Miranda, luego de variar la prisión preventiva que había dictado en su contra.

Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.

El Ministerio Público inició la investigación luego de  una solicitud que hiciera el del jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo.

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